Esta semana pasada, entre frivolidades en la gobernanza, nos enteramos de soslayo por los medios de comunicación social, que el Gobierno de la Nación apoyado en su asimétrica gestión pública por independentistas marxistas y otros colegas, cuyo único objetivo es convertirnos en un Estado fallido, está preparando una nueva Ley de Seguridad Nacional.

Ley que constituye y debería de seguir constituyendo la base sobre la cual una sociedad como la nuestra, que está sujeta a incertidumbres políticas que rozan las lagunas más significativas del acoso y derribo del sistema democrático social, pueda dar un giro Copérnico, y en vez de desarrollar y preservar nuestra libertad y la prosperidad de todos los ciudadanos, y garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de las instituciones se produzca una involución normativa que nos lleve camino a un régimen con un marcado carácter totalitario.

El texto de la ley está redactado con una literatura tan dócil que te crees cuanto se manifiesta, pero hay elementos que se recogen, que aunque pretendan convencernos de la forma más sutil, el único objetivo es hacer que el Gobierno de la Nación, el actual, acapare más espectro político de decisión en la gobernanza, viciando el Derecho constitucional mediante reales decretos de apariencia democrática en detrimento de las atribuciones de las Cortes Generales como poder garantizador de la soberanía popular.

Así, las normas aplicables a los estados de alarma, excepción y sitio, a la Defensa Nacional, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la protección de la seguridad ciudadana, a la protección de infraestructuras críticas, a la protección civil, a la acción y el servicio exterior del Estado, junto con la legislación penal y los tratados internacionales en los que España es parte, su encubierta regulación nos llevará tácitamente a una asignación de competencias impropias en el Poder Ejecutivo.

La Ley de Seguridad Nacional como otras leyes vigentes son otro paso más en reducir la impronta de una sociedad abierta, libre y democrática como la Constitución española de 1978 pretendía implementar con visión de futuro, especialmente, en un mundo globalizado como el actual, que pone en peligro el modelo tradicional de seguridad, y cuyo único objetivo del Estado español debería ceñirse en protegernos con la plenitud de la libertad y el bienestar de los ciudadanos, así como, garantizar la defensa de España y los valores y principios constitucionales. Paz y Bien.