Muchos lamentos se oyen sobre la despoblación del interior de la península y, paralelamente, del interior de la mayoría de las provincias. Me he manifestado en varias ocasiones sobre los motivos que explican el continuo éxodo desde los pueblos hacia las capitales, y desde las capitales de provincia hacia los grandes núcleos de población. Hay razones compartidas por ambos casos, como la falta de oportunidades acordes con la cualificación profesional o, simplemente, falta de trabajo. A ésta última, en los pueblos se añade también la debilidad de los servicios públicos, como los educativos, médicos, culturales, comunicaciones, etc. De alguna forma se comprende que no se pueden tener los mismos niveles ni cuantitativa ni cualitativamente por cuanto uno de los principales criterios para fijar la categoría de los servicios públicos es la población. Pero aquí se genera un auténtico descenso a los infiernos, porque a menor población menores servicios, y a menores servicios, menor población; y así una y otra vez. Solo el amor al terruño y el temor a sentirse desubicados hace que se mantengan los que quedan. Ya hemos visto reportajes de pueblos fantasmas donde ya no hay nadie y solo quedan ruinas. También conocemos el caso de colectividades que pretenden, y a veces consiguen, recuperar algunos de esos pueblos. Es una actividad digna de alabanza. Pero este tipo de actividades es imposible en nuestra Comunidad. No sé cómo andarán las cosas por otras Comunidades, pero aquí parece que, a la luz de algunas normas referentes a la construcción, no hay manera. Es como si prefirieran pequeños núcleos de población en ruinas antes que conceder las oportunas licencias de rehabilitación. Solo se puede rehabilitar, por lo que sé, si la casa, si el cortijo, reúne ya las condiciones necesarias de habitabilidad. De esta manera, muchos de los cortijos de nuestro entorno están inevitablemente condenados a ser demolidos. Se trata de una norma rígida, inamovible, en manos de técnicos que no parecen tener ni posibilidades ni ganas de aplicar algo así como la sensatez en el momento de conceder las licencias. Y los alcaldes, claro, no quieren comprometerse dando permisos sin la anuencia de los técnicos. Sé que se han cometido muchos abusos en el pasado. Pero debería haber una aplicación de la ley con una flexibilidad razonable que permita generar puestos de trabajo y reactivar economías moribundas.