Ha llegado el Ingreso Mínimo Vital. Lo anunció este último viernes el Vicepresidente Iglesias con la voz que reserva para las grandes ocasiones. Ese tono del profesor que mientras habla se pregunta a sí mismo para que explicar nada si no prestamos atención. Pero, así y todo, aún consciente de la inutilidad del esfuerzo sigue hablando, dándose gracias a si mismo por existir y tener paciencia. Un momento histórico dijo, el más histórico desde la aprobación de la Ley de Dependencia. No tan histórico pero no seré yo quien empañe la celebración adelantada por el final de la pobreza extrema y más cuando al Vicepresidente se le ve satisfecho.

En realidad, y afortunadamente, ese Ingreso mínimo, se asemeja más a la renta activa de inserción que a la renta básica que pedía el partido del Vicepresidente social. Hasta la reforma de Rajoy de 2012 existió una modalidad de la renta activa de inserción que gestiona el SEPE y que abonaba 11 meses a quien no hubiera trabajado nunca pero estuviera desempleado. Se podía cobrar tres veces. En Almería se acabó conociendo como la "paga del ama de casa" y acabaron percibiéndola personas que no hubieran sido capaces de situar España en un mapa.

Esto se pretende evitar en este Ingreso Mínimo exigiendo un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España. Al fin y al cabo no se trata de acabar con la pobreza en el mundo como si fuera el deseo de una miss en un concurso de belleza, sino en nuestro país. Siento tener que seguir rebajando lo histórico pero ingresos así ya existe en las CC.AA. Son los salarios sociales, en su amplia variedad de denominaciones. No es algo nuevo, es algo que busca un mínimo común en toda España, completado por las CCAA. Ejemplo: Si Euskadi paga 861 y ahora el Estado da 461, Euskadi solo tendrá que pagar 400. Por tanto, se va a transferir una parte del gasto de las Autonomías, que tienen la competencia en materia asistencial, al Estado central que, dicho sea de paso, no tiene un céntimo.

Este es otro problema. Como pasó con ayudas como el PREPARA, no duden que, en este caso Cataluña, interpondrá un recurso de inconstitucionalidad porque la gestión asistencial corresponde a las Comunidades. Euskadi no lo formulará pues, preventivamente, se le asigna la gestión a los gobiernos vasco y navarro. Mucho antes de que se pronunciase el Tribunal Constitucional, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), emitirá su opinión sobre cómo se ha aplicado y veremos de que ha servido.