Meterse con los asuntos de pagar algo, de dilucidar a quién le corresponde hacer frente a cualquier gasto, y sobre todo si se trata de Hacienda, es meterse en un auténtico avispero. Básicamente porque a nadie le gusta que, según frase popular, le metan la mano en el bolsillo y se lleven algo de lo que considera, y es, suyo. De ahí las profundas antipatías que suscitan los distintos ministros de Hacienda. A ellos se les considera culpables de los sablazos a los ciudadanos. Ese disgusto de verse despojados de los bienes propios se ve incrementado cuando surgen, por una parte, los problemas de la corrupción y, por otra, la opinión generalizada de la inutilidad de "los políticos", circunstancias que parecen estar en la mente de todos. Añadamos aquella aseveración de aquel aspirante a ministro de hacienda cuando dijo que "el mejor sitio en el que puede estar el dinero es en el bolsillo de los contribuyentes".

Y ya tenemos el cuadro completo. No es de extrañar que en tales circunstancias nadie quiera pagar. Claro que, pese a eso, también participan en muchas de las movidas que piden mejores servicios públicos: aumento de inversiones en educación, mareas blancas y de todos los colores, exigencia de trenes de alta velocidad, mejores carreteras, dotaciones suficientes de policías y bomberos, y un largo etcétera. Nada hay que objetar a esas participaciones. Pero encuentro al menos una especie de contradicción. No es muy coherente querer disfrutar sin pagar nada. Y si el problema radica en la corrupción de los administradores públicos, y queremos ser coherentes, el mínimo exigible sería evitar por todos los medios a los corruptos, hacerlos desaparecer de la esfera pública. Dicen las encuestas que esa corrupción está entre los problemas que más preocupan a los ciudadanos. Y lo más ilógico es que, pese a estas preocupaciones, las encuestas siguen diciéndonos que no disminuye la aceptación de los partidos contaminados. Si la auténtica razón de negarse a pagar fuera la corrupción, si quitamos la causa quitaríamos el efecto. Pero, si nos negamos a quitar la causa, será porque queremos que se mantenga el efecto. Y entonces, aludir a la existencia de malversaciones y latrocinios en la esfera pública solo parece ser un subterfugio para exigir si no la desaparición, sí la disminución de los impuestos. O, en su caso, justificarnos ante nosotros mismos de los fraudes que todos cometemos.