La esquina

José Aguilar

jaguilar@grupojoly.com

Lo que Pedro quiso y lo que no

Pasó que se ha beneficiado a agresores sexuales, y pasará que los corruptos aprovecharán la rebaja de la malversación

Las últimas reformas legislativas del Gobierno le perseguirán durante mucho tiempo pese a que Pedro Sánchez haya decretado que deje de hablarse de ellas y sean excluidas del debate nacional. Año nuevo, página nueva. A otra cosa, mariposa. Le perseguirán tanto por su toxicidad política, de la que pocos dudan ya, como por los efectos indeseados que están produciendo.

Recuerden: la ley de libertad sexual, llamada del sólo sí es sí, tenía el loable propósito de defender a las mujeres de todo tipo de agresiones sexuales, pero el Ministerio de Igualdad fue tan chapucero, incompetente y aficionado en la elaboración de la norma que su aplicación ha rebajado las penas a más de 180 agresores condenados y excarcelado a dos docenas de violadores. La reacción de las responsable del desaguisado ha sido la peor de las posibles. Oscila entre culpar a los jueces machistas de la interpretación de la ley y frivolizar sobre el problema creado, con bromas de mal gusto en ese ambiente distendido en el que se dice lo que se piensa de verdad.

Esto no iba a pasar, según Irene Montero. Tampoco iba a pasar que los corruptos más odiados por los ciudadanos -aquellos que aprovecharon sus cargos públicos para enriquecerse- se beneficiaran de la rebaja perpetrada del delito de malversación, dado que ésta estaba encaminada en exclusiva a exculpar a los independentistas condenados o procesados que gastaron dinero pública en organizar un referéndum y otras operaciones ilegales del procés. También pasará, no lo duden. El juez instructor del caso Acuamed, por corrupción en adjudicaciones de obras en esta empresa pública, ya ha planteado una revisión a la baja de las penas a imponer a los imputados. El juez del Caso Púnica, también de la Audiencia Nacional, plantea archivar la causa para algunos acusados en un escándalo cuyo protagonista principal es el obsceno ex líder del PP madrileño Francisco Granados. El mismo magistrado pregunta a la Fiscalía si debe rebajar sus escritos calificatorios en el caso del cártel del fuego, centrado en la adjudicación de contratos para la extinción de incendios en la Comunidad Valenciana, en la época del PP. Todo con la misma motivación: la reforma del Código Penal en materia de malversación. Por supuesto, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, rechaza que los corruptos no independentistas se vayan a beneficiar. Sólo los indepes, que actuaron por motivos políticos, y porque así hemos pacificado Cataluña. Diga usted que sí.

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