Asistimos todos los días, de forma regular, a escuchar en determinados personajes de la vida pública, conductas y comportamientos con acritud y beligerancia hacia quienes integran con gran sentido vocacional el Poder Judicial en sus diversas tareas dentro de los órganos jurisdiccionales, sean magistrados, jueces, fiscales, letrados-secretarios y demás personal incardinado, que con escasos recursos en equipamientos e infraestructuras y humanos están realizando una labor ardua en impartir Justicia conforme a los principios establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial en concordancia con la Constitución de 1978. No entiendo, ni podré entender, día sí, día también, siempre cuestionando las resoluciones judiciales, porque las mismas no son de nuestro agrado totalmente o parcialmente, realizando sin conocimiento alguno una serie de comentarios desproporcionados, incluso a través de las redes sociales, cuestionando la independencia e imparcialidad de quienes son garantes del ordenamiento jurídico, y que son y han permitido impartir con equidad Justicia en un Estado de Derecho como es el nuestro, a pesar de las disociaciones y desajustes que se puedan producir con ocasión de la falta de un mayor número de funcionarios públicos en diversos cometidos jurídicos y administrativos y la falta de medios materiales para que las actuaciones sean más eficaces y eficientes.

Sí la Justicia no avanza a los niveles de intensidad que se les exige, no tienen la menor culpa quienes de forma loable y plausible la imparten y quienes coadyuvan a su implementación, sino quienes, tienen el derecho de poner a disposición del Poder Judicial todos los medios necesarios para llevar a puro y debido efecto el dictar resoluciones con la mayor prontitud, así como elección mayoritaria del órgano de dirección del Poder Judicial por los propios magistrados-jueces, y unas leyes procedimentales y procesales más ágiles con menos rescoldos y lagunas para implementarse sin tanta dilación.

Finalmente, es normal que se produzcan desajustes en todos los sentidos, y la única fórmula viable para corregir algunas disociaciones, es que la Administración de Justicia esté supeditada en todo cuanto le afecta al Ministerio de Justicia, y no actualmente, que es un totum revolutum existente a nivel competencial. En conclusión mayor dotación económica en los presupuestos estatales y autonómicos y mejor redacción literaria de las leyes que hay que aplicar.