Hace escasamente diez días sonreíamos aliviados y casi emocionados cuando vimos las imágenes de las primeras personas vacunadas en España contra el COVID. Por primera vez después de mucho tiempo empezábamos a ver la luz, y supimos que en unos meses las cosas cambiarían mucho. También pudimos intuir lo que a estas alturas ya podemos constatar, y es que quedaban aún meses muy duros que a buen seguro serían agravados por los encuentros y las relaciones navideñas. Ese presentimiento ya es un hecho, y no será porque los científicos y las autoridades sanitarias no alertaron sobre la necesidad de reducir al máximo las celebraciones de la Navidad, planteando incluso suspenderlas. Se tomaron medidas y restricciones, pero es evidente que no han sido suficientes, y por eso en las próximas semanas pagaremos en vidas humanas y en hospitalizaciones, el producto de nuestras respectivas irresponsabilidades. Y digo respectivas, porque hay una irresponsabilidad de la ciudadanía y otra, mucho mayor, de las autoridades que no quisieron asumir la impopularidad de decretar medidas más severas.

Pero frente a esa responsabilidad compartida, hay una que es exclusiva de las autoridades sanitarias. No puede ser traspasada ni endosada a la ciudadanía, les corresponde enterita a los responsables políticos de planificar la vacunación de los ciudadanos que han sido seleccionados para la primera fase. El resultado de tal planificación no puede ser más vergonzoso y decepcionante. Las vacunas han aguardado en los congeladores de centros de salud por una pésima e injustificable falta de planificación y de personal de enfermería para atender a la campaña de vacunación. Se han escuchado explicaciones y justificaciones peregrinas, que es mejor no reproducir porque producen sonrojo y hastío. No se me ocurre qué hubiera una prioridad más importante para las autoridades sanitarias de las diferentes Comunidades Autónomas que preparar con tiempo y medios suficientes el proceso de vacunación.

No encuentro ninguna razón para que los gobiernos del resto de Comunidades Autónomas no hayan actuado como lo han hecho acertadamente los de Asturias, Galicia o Canarias. Ignoro en que se habrán invertido los recursos destinados a la emergencia sanitaria, pero lo que es evidente es que no ha habido previsión ni medios para contratar al personal sanitario que atienda la emergencia de la vacunación. Si el daño ya está hecho, al menos que se repare lo antes posible, porque no hay justificación frente a tanta incompetencia y dejadez.