No dejan de sorprender algunas declaraciones de los que nos gobiernan. Hace pocos días un alto cargo de la Junta utilizó, literalmente, la expresión "los padres podrán llevar a su hijo al colegio 'les dé la gana'". Con esa coloquial expresión hacía un colorido resumen de una nueva ley de escolarización. Desde el momento que se aplique, posiblemente a partir del curso 2020/2021, desaparecerían todos los problemas referentes a la escolarización de tal manera que todos los padres podrán determinar el colegio al que van a asistir sus hijos. Tal cual. Colegios públicos o privados. Cercanos o lejanos. Con ideario o sin ideario. Visto así, esta nueva ley tendrá efectos taumatúrgicos. Porque maravilla iba a ser que se produjera una adecuación perfecta entre plazas y solicitudes. Ni faltarán plazas ni sobrarán alumnos. El núcleo de esa norma es respetar ese derecho que se atribuye a todos los padres a la libre elección de centro. Todo debe subordinarse a ese derecho. Pienso que, efectivamente, la elección de centro es un cierto derecho, pero no puede considerarse un derecho absoluto. El derecho que no admite discusión es el derecho a la educación, y así se reconoce desde la constitución en su artículo 27. Pero la elección de centro no aparece. La preferencia por un centro tiene sentido en dos supuestos principales. Uno, cuando los padres desean una cierta orientación ideológica en la formación de sus hijos (se reconoce la libertad de enseñanza); dos, cuando se ha elaborado una jerarquización de centros en "mejores y peores" entre los que se puede optar, objetivo que pretenden los actuales gobernantes. En ambos casos, ¿qué sucederá cuando haya una cierta avalancha en algunos centros? Si todos tienen derecho a ser admitidos ¿podrá algún centro dejar fuera a algún solicitante? Además, siendo reconocido ese derecho ¿se podría recurrir en los tribunales el rechazo de una solicitud? Cualquiera que haya tenido experiencia en los procesos de admisión (y el que suscribe tiene amplio curriculum en ese sentido) sabe de las quejas y reclamaciones de los no admitidos. ¿Cómo piensan hacer frente a esa coyuntura? Da la impresión de que los que están elaborando la nueva normativa no se han encontrado ante esa situación y la desconocen por completo. A no ser que esas declaraciones no sean más que una promesa demagógica o que haya un plan oculto que no anda muy lejos de la financiación pública de los centros privados.