Cuando hablamos de la esfera íntima de las personas bastan dos palabras, que no se explican la una sin la otra, para justificar la remoción de toda injerencia social en ella: igualdad y respeto. El individuo, cuando vive su intimidad y sus sentimientos, en su acepción de "hecho o efecto de sentir o sentirse", sin causar mal alguno, se encuentra, de la forma más absoluta e innegable, por encima de la sociedad que ha formado y de la que forma parte. No hay escenario donde se pueda ver mayor soberanía que aquel en el que la obra la protagonicen una persona, sus afectos y su cuerpo. Ni jamás la habrá. Como tampoco hay mayor abuso de confianza que aquel que se produce cuando las instituciones que los hombres hemos creado, y vamos creando, para responder a las necesidades colectivas, obvian aquella soberanía, ni tampoco lo habrá.

Son muchos los textos legales que nos recuerdan lo que no debería tener que ser recordado nunca, que somos libres e iguales, y es esta realidad lo que nos debe llevar a impedir que algo que favorezca esa libertad y esa igualdad opere únicamente para un grupo de individuos.

Y en esa labor, tan honrosa como humana, de remover cuanto convierta la diferencia en desigualdad, España, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, se convirtió en ejemplo y guía al dotarse de una institución del matrimonio que no ve en los contrayentes otra cosa que personas, ni más ni menos. Una decisión valiente que contará a la historia que superó el veto del PP en las Cortes Generales y un recurso de inconstitucionalidad de la misma formación y que acaba de cumplir quince años de vigencia. Una decisión de justicia social que impidió que, en este país, hubiera personas que se vieran privadas de la posibilidad de que su relación sentimental contara con los derechos con los que podían contar las de quienes elegían a una persona del sexo opuesto para compartir su vida. Un decisión inspiradora para seguir construyendo una España acorde a su realidad donde el respeto lo impregna todo sin modelar nada. Una medida con la que los españoles cumplimos con algunos de los tantos compromisos que adquirimos, los unos con los otros, hace más de cuarenta años; el de que la libertad sea un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico (art. 1.1 de la Constitución), el de promover una igualdad efectiva, favorecer el libre y pleno desarrollo de la personalidad de cada individuo y proteger la dignidad de cada vida (art. 9.2 y 10.1 de la Constitución), el de impedir la desigualdad por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 14 de la Constitución) y el de que el derecho a contraer matrimonio sea un derecho fundamental de los españoles (art. 32 de la Constitución). Una medida que bien justifica una vida entera, tal y como ha afirmado el expresidente que ha hecho con la suya.