Los políticos siempre deben tener la mano tendida a los más desfavorecidos pero, no basta solo con aparentarlo, hay que demostrarlo y eso es lo que ha hecho la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, al aprobar la Renta Mínima de Inserción Social. Se trata de una medida que llega como agua de mayo y más en unas fechas tan señaladas, porque no basta con pensar en los que menos tienen; un gobierno debe apoyar a estas familias con medidas económicas reales. Esta nueva ayuda del Gobierno de Susana Díaz no nace sólo como una ayuda económica, que también, sino como una política más amplia de integración social y laboral que va a beneficiar a miles de familias, muchas de ellas de Almería, a las que la crisis ha llevado a un callejón sin salida.

La nueva renta mínima, que entrará en vigor el 1 de enero de 2018, consistirá en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por 12 meses, prorrogables por periodos de seis, si persisten las circunstancias de su concesión, a diferencia de los seis del actual Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Además, como novedad se han incluido lo colectivos de personas inmigrantes y las personas mayores de 65 años con menores a su cargo, así como las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años, siempre que concurran las circunstancias excepcionales que motivaron la concesión.

Pese a que Andalucía cuenta con una injusta financiación y a pesar de haber tenido una reducción de las inversiones en un 36 por ciento respecto a lo que nos corresponde, pese a esas dificultades financieras y el maltrato del Gobierno de Mariano Rajoy, desde Andalucía redistribuimos los recursos para que la pobreza se reduzca más que en la media de España. De esta manera, durante los peores momentos de la crisis económica, las políticas de protección de la Junta han permitido reducir el impacto de la pobreza en más de un 17 por ciento.

Por desgracia la recuperación económica no está llegando a todos los ciudadanos, por lo que desde el PSOE creemos necesario que se configure un sistema de garantía de rentas mínimas de carácter estatal para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión social o en riesgo de estarlo. Esta prestación surge ante el deterioro de la cohesión social, agravado por el aumento de la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la reforma laboral del Gobierno del PP.