Lo que está haciendo el gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene excusa ni justificación posible. Tarde o temprano los máximos dirigentes de ese gobierno pagarán políticamente ante tanta irresponsabilidad. Lo que está pasando en Madrid no ocurre en ningún otro lugar de España o de la Unión Europea. La presidenta Díaz Ayuso decidió hace tiempo que la gestión de la pandemia más grave que se recuerda, también podía ser un terreno apropiado para la confrontación política con el gobierno de España. Ayuso eligió el COVID-19 y las medidas para contenerlo con un enfoque político e ideológico, como el que pudiera aplicar a la ley de memoria histórica, las leyes educativas o las políticas medio ambientales. El planteamiento ha sido simple e infantil: la izquierda pretende coartar libertades y derechos de los madrileños y, de paso, hundir la economía de un territorio gobernado por el PP. Al gobierno de Madrid le ha dado igual que esta pandemia haya segado miles de vidas, desbordando las costuras del sistema sanitario.

Ante la nueva y contundente oleada de rebrotes, el gobierno autonómico ha actuado desoyendo las evidencias y recomendaciones científicas, de los profesionales de la sanidad, virólogos, organizaciones internacionales, académicas o de los colegios profesionales. Ninguna opinión científica y sanitaria avala la actitud de arrastrar los pies y retrasar medidas restrictivas que contengan la transmisión comunitaria que se da en la Comunidad de Madrid. Hace unos meses se podía entender que el virus pillase desprevenidas a las autoridades sanitarias, porque eso paso en todos los países de nuestro entorno. Pero ahora resulta imperdonable que de nuevo el virus vaya en Madrid por delante de las autoridades. Aunque bien mirado, lo que allá está ocurriendo es aún más grave, porque esas mismas autoridades han decidido actuar al margen de la peligrosidad y letalidad del COVID-19.

Ahora la ciudadanía madrileña tiene que estar pendiente de la pelea política de la señora Ayuso y del recurso anunciado por la Comunidad Autónoma, como si millones de familias no tuvieran bastante con intentar cumplir con sus obligaciones, trabajar, estudiar, sobrevivir, y prevenir responsablemente el contagio. Cómo es posible que los políticos que están al frente de estás instituciones no sientan vergüenza por un enfrentamiento que tan nefasta pedagogía ofrece a una ciudadanía cada día más hastiada y desconfiada. Y la impresión es que no hay solución ni propósito de enmienda.