Esta semana ha echado a andar el nuevo gobierno de España, un gobierno progresista, que tiene una potente agenda de medidas sociales y el claro objetivo de contribuir de forma decidida a la competitividad de nuestros sectores productivos, para que sean capaces de hacer crecer nuestra economía, generando más riqueza, y que esta se reparta en la sociedad de manera más justa de lo hasta ahora se ha repartido.

El Salario Mínimo Interprofesional es una cuestión, sin duda, de gran utilidad para contribuir a ese reparto justo. Son demasiados los trabajadores en nuestra sociedad con salarios que no pasan de los 3 dígitos, lo que resulta, a todas luces, insuficiente para vivir dignamente.

La subida del salario mínimo a 900 euros, ya materializada por el primer gobierno de Pedro Sánchez, ha sido un avance considerable, que ha mejorado la situación de muchas personas sin que nuestra economía se haya resentido, aunque el objetivo del gobierno progresista de España es situarlo en el 60% del salario medio de nuestro país para el final de la legislatura.

El reparto justo de la riqueza que se genera en España debería ser una meta en torno a la cual todos deberíamos estar de acuerdo, pero compartirán conmigo que las fuerzas de derechas, de las tres derechas, no están de acuerdo con esa aspiración. En esto y en otras tantas cosas nos diferenciamos claramente: ellos prefieren la acumulación de la riqueza en unos pocos y, cuando

gobiernan, lo hacen para ello y para ellos. En la época de mayor crisis, Rajoy no tuvo piedad ninguna con muchas familias y, en Andalucía, ahora que se cumple un año de gobierno de las derechas, vemos claramente cómo su objetivo es que unos pocos puedan hacer negocio con el dinero de los servicios públicos y que los más ricos de Andalucía paguen los menos impuestos posibles.

Volviendo al panorama nacional, los socialistas apostamos por medidas claras para que se pueda repartir de una manera justa la riqueza, tal como la subida de las pensiones en un 0,9%, frente al 0,25 que Rajoy impuso, o la subida del salario mínimo interprofesional, una decisión que el gobierno progresista tiene muy clara. Otros no pueden decir ni hacer lo mismo, lo cual nos diferencia rotundamente a los ojos de todos los ciudadanos de España.