La salud y el empleo son dos de las mayores preocupaciones en la vida de cualquier persona, pero especialmente lo son en un tiempo como el actual. Las restricciones sanitarias impuestas para frenar la pandemia han tenido consecuencias dramáticas sobre la tasa de actividad, dejando a muchas familias en una situación tan complicada que se hace ineludible atender con la máxima urgencia sus necesidades, especialmente las relativas al empleo.

Este año de pandemia arroja en Almería cifras estremecedoras: se han contagiado 48.000 almerienses, de los cuales más de 700 han fallecido, y el desempleo se sitúa por encima los 70.000 parados. Además, miles de almerienses se han visto afectados por un ERTE en el que se han visto arropados por el Gobierno de España, que ha ido de la mano de empleados, autónomos y empresarios para evitar que se destruyera más empleo, destinando en un año más de 400 millones de euros para aliviar esta situación en la provincia.

En este tiempo, sin embargo, el Gobierno de Moreno Bonilla ha ido esquivando su responsabilidad, saltando de mentira en mentira. Mintió al vender como algo extraordinario frente al covid un plan de empleo, denominado AIRE, que ya estaba previsto en 2019. Además, lo dotó con 100 millones de euros menos que lo que incluía el último plan de empleo aprobado por el anterior gobierno socialista. Almería ha perdido con esta decisión seis millones de euros, a los que hay que sumar los tres

a los que renunció el Ayuntamiento de Almería. Cómo será de malo el plan que hasta ayuntamientos del PP, como el de la capital, han renunciado a él.

Les mintieron, por tanto, a los andaluces con el plan AIRE y les volvieron a mentir el pasado 24 de septiembre, cuando anunciaron un nuevo plan de empleo dotado con 140 millones de euros, del cual no hemos vuelto a saber nada.

En el contexto actual, ese plan debería ponerse en marcha con urgencia y contar con una cuantía que sea tan extraordinaria como el momento que vivimos. Además, el Gobierno andaluz tiene que corregir todos los aspectos que han motivado que muchos ayuntamientos hayan rechazado acogerse a su primer plan.

En definitiva, en lugar de crearles problemas a los alcaldes, hay que darles herramientas y dinero y, sobre todo, hacerlo con celeridad, puesto que la situación no admite más demoras.