Cada día, sin excepción, y en cualquier medio de comunicación nos encontramos ante la evidencia del colapso en el que se encuentra la sanidad pública andaluza. Las televisiones de ámbito nacional nos muestran colas de pacientes a las puertas de su centro de salud esperando a ser atendidos. Imágenes que, aunque no veamos en Canal Sur y aunque no sean comentadas por el presidente Moreno Bonilla, existen. Citas que llegan, como muy pronto a las dos semanas, usuarios insatisfechos con la atención recibida por parte de unos profesionales que no dan abasto y que son obligados por la Junta a diagnosticar con una llamada telefónica. Ese es el desolador panorama de la sanidad pública andaluza que tanto hemos mimado y por la que tanto hemos procurado los socialistas desde el Gobierno andaluz. El derecho a una atención sanitaria digna está reflejado en nuestro Estatuto de Autonomía y está siendo cuestionado por una falta de gestión y por la incompetencia del Gobierno andaluz de las derechas. Ni anticipación, ni planes urgentes, ni refuerzos. Nada se ha cumplido y este gobierno vuelve a demostrar su incapacidad y su falta de sensibilidad con los pacientes y con los profesionales sanitarios a los que somete a un gran estrés y una desatención que está siendo el origen de la situación descontrolada; lo que también provoca que se traslade toda esta presión en la atención primaria a los hospitales, que deben reservarse para los casos graves.

La tensión es máxima y los centros de salud arrastran esta situación desde verano, fecha en la que PP y Cs optaron por el cierre de muchos de ellos de manera irresponsable. Es lamentable, pero Moreno Bonilla incumple de manera continua y flagrante el artículo 55 de nuestro Estatuto sobre las competencias de la Junta de Andalucía haciendo caso omiso a ellas y dejando a la población absolutamente desprotegida en esta pandemia.

El coronavirus ha provocado, en sus momentos más duros y de manera temporal, cambios en el modelo asistencial que, entre otras cuestiones, pasó a ser en gran parte telefónico. Sin embargo, esa medida extraordinaria y coyuntural pretende transformarse en algo cotidiano y estructural por parte de la administración andaluza que dirigen PP y Cs, quienes han convertido a los facultativos en operadores telefónicos con la consiguiente pérdida de derechos por parte de los pacientes.