Muchas han sido las decisiones y recortes del PP en el Gobierno que han provocado un daño evidente a la sociedad española. Entre las más duras está la de dejar sin tarjeta sanitaria a las personas en situación irregular en el país o a aquellos españoles que tuvieron que irse al extranjero en busca de trabajo.

Solo en 2012, cuando entró en vigor la Ley que lo hacía posible, unas 800.000 personas se quedaron sin tarjeta sanitaria. Andalucía, con un gobierno socialista que se convirtió en dique de contención ante las medidas antisociales del PP, nunca permitió que se negara la asistencia sanitaria de manera universal en su territorio.

La salud es un derecho inalienable, y así se lo ha estado dejando claro durante años el gobierno de Susana Díaz a Rajoy, pero sin que este quisiera dar marcha atrás en su manera de actuar. Frente a eso, el PSOE ha dado ejemplo de su apuesta por una sanidad universal y pública en Andalucía, a la que se destinan 1 de cada 3 euros de su presupuesto.

Por fin ahora, con Pedro Sánchez en el Gobierno, se recuperará lo que nunca se debió perder en el conjunto del país: Se derogará el Real Decreto Ley que acabó con la sanidad universal y uno nuevo devolverá a todas las personas su derecho a la protección de su salud. Y en los pasos para lograrlo, según ha adelantado la ministra de Sanidad, imperará el diálogo con las autonomías, además de con los agentes sociales, asociaciones y sociedades científicas o profesionales implicadas en la defensa del derecho a la salud.

El asunto es de trascendencia ya que, según informes recientes, la ley del PP provocó un aumento medio del 15% de la mortalidad de los inmigrantes irregulares en España -unas 400 muertes en seis años-. Así que no hacemos ahora más que cumplir con la exigencia moral de garantizar el derecho de atención normalizada a toda la población y dar respuesta a los mandatos internacionales y nacionales sobre esta cuestión.

Se trata de hacer de este pilar del Estado del Bienestar lo que antes fue y lo que siempre debe de ser: Un derecho y no un privilegio. En este camino, Andalucía ha mostrado su apoyo y satisfacción. Porque ha llegado el momento de que, con carácter general, se actúe como en nuestra comunidad, entendiendo que las personas son personas, independientemente de sus circunstancias y que, por lo tanto, todas tienen derecho a ser atendidas en igualdad en la sanidad pública.