En el momento que atravesamos, donde el slogan "Quédate en casa" recoge la medida más efectiva de la que disponemos en la lucha contra el COVID-19, el artículo 47 de la Constitución Española, en el que se reconoce el derecho a la vivienda, cobra especial relevancia. Porque, ¿qué hay de las personas que, a raíz de esta pandemia, no podrán conservar sus hogares? De todos es conocido que la obligada paralización de la actividad laboral y empresarial en nuestro país, llevará aparejada una dura crisis económica que ya ha empezado a afectar a millones de familias, lo que, sin duda, se traducirá en situaciones personales verdaderamente dramáticas.

Tras la crisis de 2008, el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, consagrado por nuestra Constitución, fue obviado por el Gobierno del Partido Popular, en favor de los bancos, cuyos privilegios se antepusieron a los derechos de los ciudadanos, quienes sufrieron de forma feroz las consecuencias de la falta de medidas económicas, laborales y, como no, en materia de vivienda, que paliaran tal situación.

Por eso, enmendando errores del pasado, el actual Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado recientemente una batería de medidas con el objeto de minimizar el impacto económico y social del COVID-19, y blindar este derecho constitucional. Entre esas medidas destacan las ayudas al alquiler de la vivienda habitual, la paralización de los desahucios hasta seis meses después de que haya finalizado el estado de alarma o la moratoria en el pago de hipotecas.

Pero, sin duda, la iniciativa del Gobierno de España más valiente es la garantía de una solución habitacional inmediata a las víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

Las administraciones han de velar por garantizar un techo a todos los ciudadanos, y, desde el ámbito municipal, no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Por eso, desde el PSOE pedimos al alcalde de la ciudad que arbitre los mecanismos necesarias para que las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España lleguen también en Almería, pues todo esfuerzo es poco para que absolutamente todos podamos quedarnos en casa, también aquellos más débiles con los que la precariedad económica se ceba en situaciones de crisis.