La pandemia que se cobra decenas de miles de muertos en nuestro país, más que para el milenarismo apocalíptico, ha dado para los bulos y las noticias falsas. Acaso mejor así, por ese consuelo que se busca en las comparaciones relativas, cuando estas benefician, claro está. Que las redes sociales son cómplices y cooperadoras necesarias es meridiano. Como, asimismo, que la excepcionalidad -no confundir con el estado de excepción- agudiza el malévolo ingenio de los propagadores de falsedades con intenciones aviesas. Dado que, esa misma excepción que modifica la perdida normalidad de las cosas, puede predisponer mal el entendimiento y la voluntad, a beneficio de las mentiras instrumentalizadas.
Sin embargo, este riesgo cierto de los bulos no debe ser compatible con atribuir tal carácter, el de noticias falsas o inciertas, a las que no son tales, sino que contrarían o desmienten las que se ofrecen con carácter más o menos oficial. La pandemia también ha puesto en la palestra las torcidas bondades del autoritarismo pragmático, propio de las dictaduras camufladas por la contradicción -el comunismo capitalista chino-, o de las "dictablandas" con mandatarios que concentran el poder por la no menos infundada bondad de procurar el bien común.
Las insinuaciones sobre la necesidad de una verdad oficial o las mal explicadas, o difíciles de explicar, actuaciones de las fuerzas de seguridad para controlar y deshacer los entuertos de los bulos, han sido objeto de controversia en esta excepcionalidad pandémica que solo parece aliviada con el anticipo de la desescalada y el indefinido paseo de los niños. Término, por otra parte, ese de la desescalada, no ajeno a la incorrección lingüística de los barbarismos, porque ya se sabe qué difícil es poner el nombre exacto a las cosas. Ante los bulos, además, conviene tener presentes dos consideraciones relevantes: una es la libertad de expresión y de información y otra las resoluciones judiciales para atribuir a los hechos el carácter de delitos. En definitiva, todo aquello que no sea delictivo resulta de la libertad de expresión o está amparado por ella. Y los ciudadanos, antes que tutelas injustificadas, son quienes deben confrontar las informaciones que reciban, en lugar de atribuir la facultad de decidir qué es veraz o no a otras instancias. Y si con los bulos se consideran directamente ofendidos, pues policía y juzgados.
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