Tiempos de bulos

Ciertas son las noticias falsas de los bulos, pero cuestión distinta es convertir en bulo la información veraz

La pandemia que se cobra decenas de miles de muertos en nuestro país, más que para el milenarismo apocalíptico, ha dado para los bulos y las noticias falsas. Acaso mejor así, por ese consuelo que se busca en las comparaciones relativas, cuando estas benefician, claro está. Que las redes sociales son cómplices y cooperadoras necesarias es meridiano. Como, asimismo, que la excepcionalidad -no confundir con el estado de excepción- agudiza el malévolo ingenio de los propagadores de falsedades con intenciones aviesas. Dado que, esa misma excepción que modifica la perdida normalidad de las cosas, puede predisponer mal el entendimiento y la voluntad, a beneficio de las mentiras instrumentalizadas.

Sin embargo, este riesgo cierto de los bulos no debe ser compatible con atribuir tal carácter, el de noticias falsas o inciertas, a las que no son tales, sino que contrarían o desmienten las que se ofrecen con carácter más o menos oficial. La pandemia también ha puesto en la palestra las torcidas bondades del autoritarismo pragmático, propio de las dictaduras camufladas por la contradicción -el comunismo capitalista chino-, o de las "dictablandas" con mandatarios que concentran el poder por la no menos infundada bondad de procurar el bien común.

Las insinuaciones sobre la necesidad de una verdad oficial o las mal explicadas, o difíciles de explicar, actuaciones de las fuerzas de seguridad para controlar y deshacer los entuertos de los bulos, han sido objeto de controversia en esta excepcionalidad pandémica que solo parece aliviada con el anticipo de la desescalada y el indefinido paseo de los niños. Término, por otra parte, ese de la desescalada, no ajeno a la incorrección lingüística de los barbarismos, porque ya se sabe qué difícil es poner el nombre exacto a las cosas. Ante los bulos, además, conviene tener presentes dos consideraciones relevantes: una es la libertad de expresión y de información y otra las resoluciones judiciales para atribuir a los hechos el carácter de delitos. En definitiva, todo aquello que no sea delictivo resulta de la libertad de expresión o está amparado por ella. Y los ciudadanos, antes que tutelas injustificadas, son quienes deben confrontar las informaciones que reciban, en lugar de atribuir la facultad de decidir qué es veraz o no a otras instancias. Y si con los bulos se consideran directamente ofendidos, pues policía y juzgados.

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