La dureza de esta crisis va a traer un significativo aumento del número de personas sin capacidad económica para acceder, ya sea en propiedad o en régimen de arrendamiento, a una vivienda libre, entendiendo esta como aquella cuyo precio no responde a algún tipo de protección oficial sobre la misma. Y esto es un problema de tremendas dimensiones sociales pues no solo es que aumente la explosiva desigualdad y configure una clase social precaria y excluida del, que me atrevo a señalar como uno de los principales derechos fundamentales junto al de la vida y a la libertad, el derecho al desarrollo personal, pues la seguridad y la protección que da contar con una vivienda digna de la que poder disfrutar individualmente, resulta indispensable para ello, sino que aboca a un país a un, también precario, futuro pues esta dificultad, que, en nuestro caso, ya se traducía en el 2019 en tan solo un 18,6% de las personas entre 16 y 29 años emancipadas, impide que los jóvenes cuenten con garantías que les estimulen para ser padres y, sin hijos, hagamos lo que hagamos, no habrá sociedad que sostenga pensiones ni estado de bienestar alguno. Y todo ello sin olvidar que el derecho a una vivienda digna es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Y frente a este problema son muchas las voces que sitúan la solución en la limitación de los precios del alquiler de viviendas particulares por parte de los Estados, pero, sin duda, hay otra vía que explorar. Una que este país utilizaba pero que decidió ir abandonando a un imperdonable ritmo, que resulta mucho más pacífica que la anterior, pues no entronca con el derecho a la propiedad privada, que tiene capacidad para influir en los precios de mercado al aumentar la oferta y que conlleva ingresos para las arcas públicas: la de aumentar el parque de viviendas de protección oficial destinadas tanto a la venta como al alquiler y fomentar la autopromoción de vivienda por medio del régimen cooperativo.

Y es que, según informe del año 2020 del Ministerio de Transportes, a principios de los pasados años 80, el porcentaje de vivienda protegida sobre el total de viviendas terminadas se movía en una media anual superior al 50%, pero el siglo XXI lo iniciamos con ese porcentaje situado en el 12,6 y, solo una década después, hemos vivido el periodo de menor ejecución de vivienda protegida de la serie, el de 2011 a 2019, en el que apenas se construyeron 175.000 y que terminó con un porcentaje de tan solo el 8,5%, o lo que es lo mismo, con poco más de 6.000 viviendas protegidas terminadas ese año. Así que, viendo estos datos, poca duda parece haber de que esta evolución a la baja de la vivienda protegida tiene bastante que ver con el simultáneo, y continuado, aumento de la dificultad de acceso a una vivienda digna en este país, especialmente para los jóvenes.

No es solo por justicia, es también por necesidad social.