Hay políticos cuya proyección no alcanza más allá de la frontera del territorio donde ejercen su función que, de la noche a la mañana, se convierten en noticia nacional. La razón de su despertar suele ser por algún hecho o alguna ocurrencia que produce efectos llamativos. En los últimos días ha acaparado portadas la alcaldesa de Vic que también es diputada autonómica por JxCat y, como se suele decir, la señora ha puesto un huevo con una de sus intervenciones ante el pleno del Parlamento de Cataluña. Doña Anna Erra, que así se llama la alcaldesa y diputada, hacía una pregunta dirigida al gobierno de la Generalitat con la que solicitaba apoyo a una cmapaña llamada "no me cambies la lengua" . El texto lo llevaba excrito y lo cito textualmente porque merece la pena: «Tenemos que concienciar a los catalanes autóctonos que hayan nacido fuera que deben aprender catalán y poner fin a la costumbre, muy presente en determinadas zonas del país, de hablar en castellano a cualquier persona que por su aspecto físico o por su nombre no parezca catalana». Como se desprende de su intervención, la política secesionista goza del privilegio de distinguir, a simple vista, a los catalanes de pura cepa de aquellos que no lo son. Y por otra parte nada arriesga en el supuesto caso de que se dirija en su lengua vernácula a un interlocutor que no sea catalán si éste escapa dejándola con la palabra en la boca, puesto que, en razón de los cargos que ostenta, cobrará a final de mes según lo estipulado. Pero semejante práctica que ella puede ejercer con sobrada pericia y sin riesgo alguno, es difícil hacerla extensiva al resto de la población. Supongamos que su propuesta parlamentaria fuese aprobada y dicha regla fuera obligatoria en los grandes almacenes, como por ejemplo en El Corte Ingles. Lo primero que habría que hacer sería adiestrar al personal con clases intensivas hasta que aprendieran a reconocer, "por su aspecto físico", a los clientes que no fueran de pura sangre catalana, lo que supondría un costo considerable en el caso de que se pudiera conseguir. Y también podría ocurrir que muchos clientes no catalanes salieran por la puerta sin la típica bolsa del conocido establecimiento. Como la pela es la pela, habría muchos comercios furtivos que utilizarían el español haciendo de su capa un sayo, y sería necesario que la Generalitat creara un cuerpo de inspectores para que la ley se cumpliera a rajatabla. En fin, señora, mucho lío.