Hace 90 años, un Gobierno liberal, el de la Segunda República, una norma avanzada a su tiempo que nos valió el reconocimiento internacional, la Constitución de 1931, y la convicción, fuerza y valentía de mujeres que jamás dudaron de que la capacidad del sexo femenino es igual a la del masculino, dejaron un hito en nuestra historia que, como todo avance en igualdad, derechos y libertades, honró y favoreció a la sociedad española en su conjunto: el reconocimiento del derecho de las mujeres a ser parte activa de la más alta vida política del país y a votar.

Así, aquel Gobierno modificó por Decreto la Ley Electoral vigente en ese momento para que las mujeres, junto con los sacerdotes, pudieran ser elegidas para las futuras Cortes Constituyentes y, con las siguientes palabras, aquella moderna Constitución acabó con una desigualdad que no solo lastraba, humillaba e invisibilizaba a una parte de la sociedad sino que funcionaba como vergonzante evidencia de que España era aún un país que no valoraba, ni respetaba, por igual a sus ciudadanos: "Los ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electores conforme determinen las leyes". Una escueta frase con la que se pagó un enorme deuda con la mujeres españolas. Celebremos los 90 años del voto femenino en España con las palabras que nos lo trajeron y la mirada puesta en seguir impidiendo que la parte genética de lo que somos sea, o vuelva a ser, una carga para las mujeres: "Yo ruego a la Cámara que me escuche en silencio: no es con agresiones y no es con ironías como vais a vencer mi fortaleza; la única cosa que yo tengo aquí ante vosotros, Sres. Diputados, que merezca la consideración y acaso la emulación es precisamente el defender un derecho a que me obliga mi naturaleza y mi fe, con tesón y firmeza. (…)

No se trata aquí esta cuestión desde el punto de vista del principio, que harto claro está, y en vuestras conciencias repercute, que es un problema de ética, de pura ética reconocer a la mujer, ser humano, todos sus derechos, porque ya desde Fitche, en 1796, se ha aceptado, en principio también, el postulado de que sólo aquel que no considere a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los mismos para la mujer que para el hombre. (…) Somos producto de dos seres; no hay incapacidad posible de vosotros a mí, ni de mí a vosotros. Desconocer esto, es negar la realidad evidente. Negadlo si queréis; sois libres de ello, pero sólo en virtud de un derecho que habéis (perdonadme la palabra, que digo solo por su claridad y no con espíritu agresivo) detentado, porque os disteis a vosotros mismos las leyes; pero no porque tengáis un derecho natural para poner al margen a la mujer." (Clara Campoamor y Rodríguez, Diputada del Partido Radical. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes. 1-10-1931).