Claro que se puede pasar de esto: "El compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a tales cargos en caso de ser imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el reglamento al efecto que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirán siempre los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, la violencia machista, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores, los ecológicos y los urbanísticos".

A, unos pocos años, y unos cuantos sucesos judiciales, mas tarde, esto: "El compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que a tal efecto publicará la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirá siempre los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los ecológicos y los urbanísticos. Este precepto deberá aplicarse en cumplimiento de la legislación vigente mientras esta se intenta modificar desde los correspondientes legislativos y con las matizaciones necesarias cuando exista un contexto de acoso judicial con intenciones políticas (lawfare) y alejado del derecho".

Y se puede porque hablamos de exigencias de conducta y de un ente privado con capacidad de autorregularse y determinar los estándares éticos que deben observar sus miembros; La ética no la controla la Ley, que diría alguno, y las obligaciones que la Constitución y la Ley imponen a los partidos políticos en su actividad obligan al partido político como tal, no a sus miembros, que diría otro.

Pero, si el partido lo jugamos en el campo de lo ético, resulta que no hay mayor exigencia de tal naturaleza para un partido político que asegurar que tanto la vida política de la sociedad a la que han venido a servir, y que les ha regalado la consideración de instrumento fundamental para su participación en los asuntos políticos, como las Administraciones Públicas a las que están obligados a proteger de arbitrariedades, desviaciones y desprestigios, no tengan entre sus miembros, altos cargos y cargos de confianza de los Gobiernos a personas condenadas por delitos.

Y es que, gracias a esta relajación de las exigencias éticas de Podemos, ahora podemos tener a un diputado condenado por un delito de atentado a agente de la autoridad que no renuncia a su escaño y a una asesora ministerial condenada por el mismo delito, además de por lesiones y daños.

Y no se trata de castigar adicionalmente a los condenados, sino de no castigar el prestigio de España.