Alas 11 de la mañana de ayer jueves se conocía el auto de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegando las medidas restrictivas de la movilidad impuestas en diez municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital de España. El tribunal basa su decisión en que "los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley". Entiende así el TSJ de Madrid que la Orden del Ministerio de Sanidad, en aplicación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, no da cobertura legal a la limitación de derechos y libertades fundamentales. Apunta el mismo tribunal que nuestro sistema constitucional dispone de cauces jurídicos diferentes que permiten delimitar, modular, restringir o suspender derechos fundamentales, de forma respetuosa con las garantías constitucionales. Dicho de otro modo, el tribunal madrileño le dice a las autoridades, madrileñas y estatales que, si quieren limitar derechos fundamentales porque así lo recomienda la gravedad de la situación salud pública y la comunidad científica y sanitaria, lo pueden hacer a través de la declaración del estado de alarma, como ya se hizo en el mes de marzo.

Cuando este artículo llegue a manos de los lectores quizás una decisión de tal envergadura haya sido adoptada de común acuerdo por los gobiernos de España y de la Comunidad de Madrid. Si así fuera se habría puesto fin al gigantesco desconcierto que sufrieron millones de personas tras conocerse la resolución judicial. El estado de alarma fue enormemente eficaz para contener la propagación del COVID-19 en la primera oleada de contagios. La práctica paralización del país y su economía durante semanas ha dado lugar a una crisis económica sin precedentes. Y parece que ahora se entiende que volver a adoptar medidas restrictivas de la movilidad, al amparo de esa norma legal, podría tener un coste político para las autoridades que tomasen tal decisión. Y por eso nadie quiere asumir el coste político de volver a tomar unas medidas recomendadas por los expertos, pero que tienen tantos efectos colaterales negativos en la economía y el empleo. Pero llegados a este punto, esas mismas autoridades deberían saber que lo que si puede tener un enorme coste político para unos y otros es seguir causando desconcierto e inseguridad al conjunto de la ciudadanía.

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