Conforme ha ido avanzando el mes de septiembre, la normalidad ha llegado a prácticamente todos los sectores y actividades, como es el caso en estos días de la cultura y el ocio, algo de lo que me alegro enormemente. Dejamos atrás, por lo tanto, muchos meses de incertidumbre que han dejado maltrecha la economía de muchas familias que, ahora, gracias a los excelentes resultados de la campaña de vacunación, comienzan a ver la luz al final del túnel.

Sin embargo, a la vez que celebramos que se rebajen las restricciones a los sectores más afectados por la pandemia, no podemos entender que el Gobierno andaluz no decida recuperar la actividad al cien por cien en los centros de salud. Resulta incomprensible que se siga atendiendo mayoritariamente por teléfono, pero en cambio no haya ningún problema en acercarse a las urgencias de los hospitales y esperar en la sala de espera, junto al resto de pacientes, a ser atendido.

En la sanidad privada ocurre también algo parecido y tampoco existen las restricciones que se observan en la pública, por lo que se antoja injustificable el trato que se está dispensando a quien necesita acudir a su médico o médica de cabecera y que se empeñen, tanto PP como Ciudadanos, en que esto siga así, tal y como hemos visto esta semana en el Parlamento andaluz, al votar ambos partidos en contra de restablecer la atención presencial. Moreno Bonilla debería saber que ni la gente es tonta -aunque pretendan tomarla por eso- ni va a permitir que esta situación se dilate más en el tiempo.

Este mes de septiembre también nos deja la incomprensible decisión del Gobierno andaluz de maltratar a la comunidad educativa, al haber aprobado una drástica reducción de docentes -más de 3.200 en toda Andalucía- a pesar de que los centros escolares son los lugares en los que se relacionan los menores de 12 años, el único grupo de población que, a día de hoy, todavía no ha sido vacunado. ¿Alguien puede entender una decisión de este calado?

La Junta de Andalucía ha recibido cuantiosos fondos extraordinarios del Gobierno de España para reforzar los servicios públicos, pero, de momento, no sabemos en qué se han empleado esos casi 2.400 millones que están llegando a nuestra comunidad. ¿A dónde ha ido a parar todo ese dinero?