EL Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyecto de ley orgánica mediante la que se reformará el Código Penal, cinco años después de su última revisión, estando el PP en el poder. El texto va en la dirección de una mayor severidad hacia ciertas conductas ilegales y contempla, igualmente, la reiteración de algunos delitos de fuerte repercusión social y especial gravedad. También introduce por vez primera en el Código tipos delictivos no perseguidos con anterioridad, como la corrupción entre particulares, posibilitando el encarcelamiento de directivos o empleados de empresas que ofrezcan o acepten sobornos, al igual que se sanciona el cohecho en el caso de los funcionarios y cargos públicos. Pero el núcleo central de la reforma penal ahora iniciada se refiere a los terroristas y delincuentes sexuales. Para ellos habrá una pena accesoria de libertad vigilada, añadida a la condena por el delito cometido, que puede prolongarse hasta los veinte años tras el cumplimiento de la sentencia. Hasta una decena de medidas podrá adoptar el juez para controlar al condenado cuando salga de prisión (por tanto, no afectará a ninguno de los presos actuales): desde la obligación de estar localizable en todo momento y la presentación periódica en el juzgado hasta la prohibición de aproximarse a las víctimas de su delito o a los familiares y la implantación de medios electrónicos para su seguimiento. Se trata de garantizar al máximo la seguridad jurídica de las personas e impedir la reincidencia frecuente de algunas conductas desviadas, como sucede con la pederastia y la captación de menores para la pornografía. Igualmente, se declaran imprescriptibles los delitos de terrorismo, que se equiparan de este modo a los de genocidio y torturas; es decir, que podrán ser perseguidos sin límite temporal alguno. Esta panoplia de novedades en el ámbito penal, que configuran el Código más duro de la democracia, obedece a las demandas de la opinión pública, sensibilizada por casos escandalosos de pederastas que vuelven a delinquir y terroristas que se instalan al lado de sus víctimas. El juez administrará estas medidas, pudiendo levantarlas en cada momento si se produce la reinserción y el arrepentimiento.