La factura del paro

La llegada del nuevo Gobierno coincidió con el nuevo subsidio para parados de larga duración

La factura del paro vuelve a estar de actualidad. No es sentido metafórico, en plan factura social y persona, no, en el monetario. En mayo de 2018, el anterior Gobierno -que por aquel entonces poco podía imaginar lo poco que le quedaba como tal- presumía de haber reducido esa factura un 42% y estar, casi, en el nivel precrisis. Dejaba atrás años con costes anuales superiores a los 30.000 millones. En Almería, por ejemplo, se pagó 70 millones en agosto de 2010, frente a los 28 de tres años antes. Claro que los parados habían subido en 40.000 personas en ese tiempo. A nadie se le escapa que esa reducción fue una combinación de recortes, el paso del tiempo (el paro de larga duración hizo agotarse las prestaciones o pasar de estas a subsidios y la mejoría del empleo. Luego volvemos a esto. La llegada del nuevo Gobierno coincidió con el nuevo subsidio para parados de larga duración, que en septiembre cobraban en toda España 24.000 personas y, sobre todo, con la sentencia del Tribunal Constitucional, anulando el requisito en el subsidio para mayores de 55 años (llega hasta la jubilación) de contar las rentas de la familia, dividir y si no superaba el 75% del Salario mínimo, se cobraba. El Tribunal no lo anuló porque les pareciera mal o algo así, sino porque el Gobierno Rajoy lo aprobó mediante un decreto-ley, sin que se justificase la urgente necesidad que les impedía tramitarlo como ley. Como si fuera una aviso de atención al nuevo Gobierno. Tras la sentencia ese subsidio ha recibido, en dos meses, 5.800 nuevos beneficiarios. Ahora se anuncia una rebaja de la edad de 55 a 52 años para este subsidio y unos 380.000 posibles beneficiarios el primer año. Añadamos la subida del salario mínimo, elevando ese 75% que es la barrera de acceso, de 551 a 675 euros. ¿Qué hacer, pues, para bajar la factura? Excluyendo recortes, digo. No corramos a responder que crear empleo. De todas las causas de acceso a prestaciones o subsidios, la terminación de contratos temporales explicaba, antes de la crisis, el 47% del acceso a cobrar paro. Hoy justifica el 54% de los beneficiarios. La creación de empleo, con la alta temporalidad no reducirá la factura. Al contrario, esas salidas y entradas lo que harán es acumular tiempo para un derecho que se detiene y reanuda, combinado con el empleo. La precariedad laboral, por tanto, afecta a las expectativas personales o la productiva -poco te vas a formar para mejorar en tu empresa si te vas a ir-, y también al conjunto de la sociedad. Cuanto más trabajo precario se cree, más aumentará la factura de pagar el paro.

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