Calle Real

Joaquín Pérez de la BlaNCA

Concejal no adscrito del Ayuntamiento Concejal de Promoción de la Ciudad

El fenómeno okupa

Es curioso que las medidas mejor recibidas tengan que ver con las ayudas a los desfavorecidos, las nuevas tecnologías o el ecologismo

Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de debatir en el plenario a propósito de una moción que trataba sobre el fenómeno o(k)upa, que está suponiendo en determinados municipios revueltas vecinales ante el desamparo que sufren con una ley que, como poco, peca de exceso de garantismo en favor de los derechos de los usurpadores y, por extensión, de escasa celeridad y eficacia a la hora de restituir a aquellos que han sido perturbados en su legítima posesión de una finca. ¡Ojo?! No sólo ocurre con la norma que regula esta materia, sino también con otras que, sobre la base de que "más vale cien culpables en libertad que un sólo inocente preso", prevén tal cantidad y complejidad de hitos y requisitos procesales que embarran los procedimientos judiciales, a mi juicio, en exceso. Y es que aquel principio resulta a todas luces defendible si contáramos con una administración de justicia lo suficientemente proveída de medios para atender el ingente número de pleitos que se abren en nuestro país , de tal suerte que el que realiza una reclamación en una instancia judicial, no tenga que esperar años (y no uno ni dos, sino hasta cuatro y cinco) para obtener una sentencia sobre un determinado particular. ¿Y de quién es la culpa? ¿de los jueces? ¿de los funcionarios de justicia? ¿de los abogados? ¿del legislador? ¿de los políticos? Yo he tenido la oportunidad de tratar con muchas personas pertenecientes a estos cuerpos y puedo afirmar que en su mayoría son grandes profesionales. Todos podemos tener algo de culpa, pero lo que es indiscutible es que a la administración de justicia no se la dota de medios suficientes para impartir justicia, bien porque no es una medida que se pueda calificar de popular, bien porque muchas veces compensa que la justicia sea lenta. Lo que de verdad hace que España sea un estado social y democrático de derecho son las instituciones donde se imparte justicia, donde se da a cada uno lo suyo en base a una legislación emanada y aprobada en el seno de la soberanía popular. Por otro lado, parece evidente que algunas veces a algunos les conviene que la administración de justicia sea lenta: ¿cuánto duran de media las causas judiciales contra determinadas personas o grupos políticos? Muchos años. Todo es demasiado lento. Tenemos que poner empeño entonces en reclamar una mayor inversión en aquellas administraciones y cuerpos que hemos dejado tanto tiempo abandonados, para que podamos garantizarnos la continuidad y subsistencia de un sistema que, mejor o peor, nos reconoce una serie de derechos como personas y como ciudadanos y que, en definitiva, nos hace más libres.

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