La epidemia que estamos padeciendo nos afecta a todos de la misma manera. Es un mal que para combatirlo se deberían de utilizar las mismas armas sin tener en cuenta las posiciones políticas. Pero estamos viviendo una etapa en la que cualquier medida adoptada por el Gobierno en relación con el COVID-19, es motivo suficiente para oponerse a ella. El más claro ejemplo lo estamos viendo en la respuesta de dirigentes políticos del Partido Popular ante el anuncio del fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. Tendría sentido que los populares reclamaran su prórroga, si en su día hubieran participado haciendo causa común con el Gobierno para establecerla. Pero acorde con su postura negacionista, el Partido Popular rechazó todos los decretos del estado alarma, y creo recordar que en el debate para la última prórroga se abstuvo. Sorprende ver a dirigentes políticos que ayer se opusieron con virulencia a la prórroga del estado de alarma por un plazo de seis meses, oponerse con la misma virulencia a la decisión del Gobierno de no renovarla por más tiempo. La impresión que se desprende de tales comportamientos es que lo que verdaderamente pretende el PP es oponerse a cualquier decisión del Gobierno, independientemente de la materia que se trate. En este caso concreto es evidente la contradicción que se manifiesta oponiéndose al estado de alarma cuando se establece, y oponiéndose a su desaparición cuando finaliza. Lo cierto es que el próximo día 9 de mayo el estado de alarma se acaba, no porque lo decida el Gobierno, sino porque se trata de la fecha prevista en el decreto, y habrá que tomar nuevas medidas teniendo en cuenta que El COVID-19 sigue estando presente. Oyendo a los políticos hay proposiciones para todos los gustos. Unos apuestan por prorrogar el estado de alarma, otros por atribuir a las comunidades autónomas determinadas competencias, y otros por reformar la ley de medidas especiales de salud pública para afrontar la pandemia. Lo bueno sería que políticos de distintas sensibilidades, acompañados por epidemiólogos competentes, se encerrasen donde mejor les pareciera, debatieran cuanto fuera necesario, y llegaran a una conclusión consensuada para combatir al COVID-19. Tratándose de un enemigo común, lo propio sería combatirlo conjuntamente. Pero mucho me temo que lo que nos espera sea una batalla política a pecho descubierto defendiendo cada cual su postura sin el menor atisbo de establecer un acuerdo.