El gran problema de la corrupción en este país, no es que existan más o menos corruptos que en otros, porque corruptos, haylos en cualquier relación humana en la que medie dinero o poder. El gran problema, digo, es que aquí, entre nuestros hábitos sociales coexisten prácticas habituales que reúnen todos los rasgos de lo que cabe calificar como fraude legal: que haya fraudes institucionalizados. Miren, el fraude legal consiste, básicamente, en usar una norma, forzando su interpretación, para saltarse lo que otra norma dispone o a veces incluso prohíbe. De ahí que quepa calificar como fraude legal, por ejemplo, hacer pasar una donación por compraventa, simulando que media precio, para así pagar menos impuestos. O cuando una Administración contrata asesores postizos, pagándole un sueldazo aunque nada asesoren; o contrata a trabajadores temporales, pero de forma indefinida. Es abrumadora la casuística conocida que, en muchos de los casos, pervive ostentosamente hasta que por algún tribunal se inicia el reajuste legal de la falacia de turno. Pero lo más escandaloso (y lo es, sobre todo, porque no escandalice siendo tan escandalizador), acaso sea ver que manejos con ese marchamo fraudulento se estilen hasta en sede parlamentaria, como algo natural y subsumido en el nebuloso ámbito de las cortesías políticas al uso. Me refiero a la cesión ocasional de cargos electos entre Partidos para constituir grupo propio y acceder así al cobro de dietas que los resultados electorales no validaron. Y los casos no son precisamente aislados. Entre los más recientes recuerden la cesión que hizo en 2015 el Psoe, en el Senado, a ERC y Ciu de sendos senadores para que pudieran formar sus grupos, multiplicando sus ingresos. O los graves reproches vertidos ahora por el PP a C's, al no prestarle ésta un diputado durante unos días, en el Parlamento catalán, clamando por la pérdida de ingresos que ello le acarrea. Ingresos que, de haber cobrado, no serían calificables sino como fraudulentos porque se justificarían sobre la vulneración, consciente, de la ley que gradúa cuándo no se merecen. Y qué quieren que concluya: que aplaudo la decisión por Ciudadanos de respetar la legalidad. Y que demando al resto de partidos que ejemplaricen en esas y otras conductas, que es el único medio de que en el país se imponga un modelo de convivencia ética que aun hoy, visto lo que vemos, no tenemos bien conceptuado.