Hay una comunicación presentida, casi consabida antes de que se realice. La única información nueva que aporta son matices, precisiones. De manera que tan solo le queda una especie de liturgia implícita, mero formalismo para lo que se sabe antes de ser dicho. Esa comunicación primero circula en el ambiente en forma de rumor. Después se plantea como una posibilidad. Finalmente es anunciada, bajo el formato de medida recién adoptada. Cuando se evidenció lo inevitable de la crisis económica subsiguiente a la pandemia, todo el mundo daba por sentado que se produciría el consiguiente recorte en el sueldo de los funcionarios. Se trata de un recurso universal entre las administraciones, inevitablemente plegadas a los números y los mercados. Fácil, acomodaticio, incluso aplaudido desde algunos sectores, en teoría remite a un cierto principio de equidad. El peso de la crisis ha de ser compartido por todos los sectores, funcionarios incluidos. Solo que vivimos en una sociedad también estratificada en cuanto a la equidad. Unos han de ser más solidarios que otros, y ahí es donde empieza a fallar el discurso que transporta el mensaje, también la propia configuración social. De partida, los funcionarios españoles viven un recorte intrínseco, sempiterno, con sueldos más bajos que sus homónimos europeos. Un profesor español cobra menos que cualquier colega europeo, excepción hecha de Grecia, por realizar el mismo trabajo con la misma categoría. Para continuar, a algunos de ellos se les está reclamando esfuerzo doble. Pienso ahora en los funcionarios sanitarios, con un trabajo titánico, a menudo sin medios adecuados y sin apoyo suficiente de las administraciones. Para ellos, después del aplauso viene el recorte, como extraño modo de reconocimiento a su profesionalidad durante todos estos meses (y previsiblemente los que quedan por delante). Por otra parte, algunos agentes parecen exentos de contribuir a la causa de la recuperación económica. No han bajado los recibos de los suministros energéticos, ni las comisiones e intereses de los bancos, ni los impuestos, ni el precio de artículos bastante básicos para la vida cotidiana. La solidaridad, en todo caso, se diluye y desaparece al toparse con la clase política que, paradójicamente, es quien la decreta. Esta profunda crisis aporta una magnífica coyuntura para revisar sus sueldos, sus pensiones vitalicias, las duplicidades innecesarias, su sobreabundancia desmesurada. España es el país de Europa que peor paga a sus funcionarios, pero el que tiene más políticos en activo. Algo no cuadra. Y una última postilla. Recuerden que tocar el sueldo de los funcionarios repercute en los sectores que dependen de su consumo, que son unos cuantos.