Aquí ganamos derechos

La Junta está convencida de que la prioridad absoluta de toda política pública deben ser las personas

Mientras en otras comunidades autónomas la cartera de derechos de la ciudadanía no ha hecho más que mermar, en Andalucía seguimos ganando derechos. A pesar de la reciente crisis económica y de los rigores financieros que nos ha impuesto el Gobierno del Partido Popular, en Andalucía no hemos aprovechado la coyuntura para recortar, como otros, sino todo lo contrario: hemos ampliado.

El último ejemplo lo hemos tenido con la aprobación, por parte de la Junta de Andalucía, de tres leyes de profundo calado social: la Ley de servicios sociales de Andalucía, la de derechos y atención a las personas con discapacidad y la Ley de renta mínima de inserción social. Se calcula que, entre las tres, beneficiarán a unos 164.000 almerienses. Con la Ley de servicios sociales, la Junta ha buscado brindar una atención integral y coordinada a las personas que accedan al sistema público de servicios sociales. El texto promueve la participación y garantiza por vez primera el derecho de la persona a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir ante una futura capacidad limitada. Esta ley podrá beneficiar en la provincia de Almería a 110.000 personas.

En cuanto a la Ley de derechos y atención a las personas con discapacidad, la norma quiere dar respuesta a las necesidades y retos a los que cada día se enfrenta el 10% de la población andaluza. En la provincia son unos 45.000 los almerienses que podrán beneficiarse de esta ley, que revisa el concepto de discapacidad y reorienta las actuaciones públicas, desde un modelo biosanitario y rehabilitador, hacia un modelo social basado en las capacidades. La ley incorpora la perspectiva de género y busca mejorar la información y el conocimiento sobre la discapacidad para evitar la estigmatización social. Finalmente, la Ley de la renta mínima de inserción social, concebida como un instrumento de integración y de lucha contra la pobreza, contempla una prestación mensual de entre 419 y 779 euros, complementada con un plan de inclusión e inserción laboral y social. Se calcula que en Almería la medida podrá llegar a unas 9.000 personas. En definitiva, con estas tres leyes la Junta demuestra su apuesta por reforzar el Estado de Bienestar y su convencimiento de que la prioridad absoluta de cualquier política pública deben ser las personas.

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