Cada vez que suena nuestro himno nacional, un 5% de los ingresos que genera las reproducciones de la partitura en concepto de derechos de autor corresponde a una pareja de hermanos madrileños. Se trata de los hijos de José Andrés Gómez, alumno y amigo del maestro Bartolomé Pérez Casas (1873-1956), primer director de la Orquesta Nacional, hombre al que le "tocó la lotería" el 20 de enero de 1932 cuando inscribió el himno español a su nombre con el número 65282.

De las más de tres millones y medio de obras con que cuenta el repertorio de la Sociedad General de Autores (SGAE), la partitura del himno nacional -también llamada Marcha Real o Marcha de Granaderos- es sin lugar a equivocarme la composición musical que más españoles conocen, pero muy poco saben de la singular historia que encierran sus notas.

Manuel Espinosa de los Monteros, en 1761, cita esta "Marcha de Granaderos", por primera vez. Según diferentes autores, aunque pertenece a la leyenda, que su autor sea de Federico II de Prusia "El Grande", del que se cumplen 310 años de su nacimiento, gay que abolió la tortura y la censura de su época, pero nunca superó su misoginia. Carlos III la declaró "Marcha de Honor", firmando el 3 de septiembre de 1770 en San Ildefonso el decreto por el que esta marcha prusiana fuese declarada marcha de honor española.

Más tarde el general Prim convoca un concurso para un nuevo himno pero se declara desierto. Durante las dos Repúblicas se sustituye por el "Himno de Riego" y ya en época franquista (1942) se declara como oficial. Inscrita a su nombre, la armonización que se utiliza es la de Barlolomé Pérez Casas.

En 1997, el Estado español adquiere los derechos, no sin antes "luchar" para lograr la titularidad y decide armonizar la partitura definitivamente, trabajo que realizó el coronel Grau Vergara, director de la Unidad de Música de la Guardia Real. El acuerdo, que llegó a buen puerto, consistía en desembolsar 130 millones de pesetas a los hermanos propietarios, incluía también el pago del 5% de los ingresos que genera la explotación de la Marcha hasta el año 2026. Ya habrán pasado 70 años de la muerte del autor, y como dicta la ley, se extinguirán los derechos de los herederos del creador de la partitura. El himno será totalmente de dominio público. A día de hoy, el Estado percibe puntualmente el 95% restante que le toca.