En Andalucía estamos demostrando, día a día, que se puede hacer frente a la crisis de otra manera que por la mano de los recortes de Rajoy y que es más seguro para las familias que las decisiones las adopte un partido como el PSOE. El último ejemplo de ello, se ha producido hace apenas unos días, con el recurso del Gobierno central contra la decisión de la Junta de Andalucía de volver a fijar la jornada laboral de los empleados públicos en 35 horas, restableciendo así las condiciones laborales a estos trabajadores y, lo más importante, creando oportunidades de empleo para 7.000 personas dentro de los servicios públicos andaluces.

En su momento, la presidenta de la Junta de Andalucía marcó un camino propio para enfrentarse a la crisis, sin privatizaciones y sin despidos de empleados públicos, mediante el reparto del empleo, con la reducción al 75% de eventuales en sanidad, y la congelación de otros derechos. Todo ello para impedir que 250.000 profesionales públicos fueran a la calle.

Andalucía está marcando un camino propio de salida de la crisis, para garantizar la cohesión social y que la recuperación verdaderamente se extienda, y frente a los golpes de la derecha, la Junta defiende su competencia normativa y capacidad financiera para implantar la jornada de 35 horas en Andalucía. No vamos a dar marcha atrás y resistiremos este nuevo ataque frontal del PP contra la educación, la sanidad, las políticas sociales, la dependencia y la recuperación económica en las ciudades y pueblos de nuestra comunidad autónoma. La suspensión cautelar de la medida alteraría el funcionamiento de los servicios públicos, perjudicaría a miles de profesionales, que ya se están beneficiando de esta medida, y generaría una gran conflictividad. Ademas, se trata de un castigo inmerecido, pues Andalucía ha cumplido con sus obligaciones de equilibrio presupuestario y, por lo tanto, la medida del Gobierno central ya no resulta necesaria. Y aunque el PP haya anunciado que seguirá los pasos de Andalucía e incluirá esta reducción en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año para el conjunto de los empleados públicos, dado que la ley nos ampara, no nos podemos fiar, pues la derecha apostó en su momento por una salida de la crisis a costa del sufrimiento de muchas familias. Y eso, aunque rectifiquen, no lo podemos olvidar.