La Audiencia de Valencia ha archivado la causa contra Camps por el circuito de Fórmula I, al considerar que el delito de prevaricación ha prescrito, según informa EFE el pasado día 9. Por otra parte, informa Europa Press de que a un tal Francisco Javier Guerrero, que fue director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en la era socialista, el Tribunal de Cuentas lo ha eximido de devolver dos ayudas de los falsos ERE valoradas en casi 800.000 euros, por estar prescritas también.

Caramba, tal parece que las leyes están hechas a comodidad de ciertas clases sociales y que los jueces no son capaces de agilizar las diligencias a fin de evitar la prescripción. Uno tiene la sensación, ante noticias así, de que los delitos monetarios en especial tienen una prescripción deliberadamente pronta, cinco años, creo, frente a otro tipo de delitos. Parece que el legislativo ha proporcionado a aquellos que se meten en política "para forrarse", según decía un político del PP, un mecanismo de prescripción que acorte plazos para que puedan disfrutar de la robado o lo malversado. Este es un país donde el derecho y la justicia -así, en minúsculas- se subordinan a los intereses de los poderosos, que en ningún caso devuelven lo robado ni pagan sus delitos como los suelen pagar los desgraciados robagallinas de las clases inferiores: con la cárcel.

Hacerse rico es, desde la política, algo tan secularmente normal, tan frecuente y tan aceptado, que se da por supuesto en el político de turno, sea en el ámbito local, provincial, regional o nacional. Hacienda puede perseguirlo a uno hasta el infinito y más allá por un error de unos pocos euros. Pero a los poderosos, mientras tanto, se les proporciona amnistía fiscal.

Nadie sabe nada del volumen de capital evadido a paraísos fiscales desde España, de las empresas deslocalizadas y los personajes domiciliados en distinto países para no cotizar en el propio (mientras es frecuente que esos mismos clamen por la patria, la unidad, etc., etc. de España: "Viva España, coño", dicen). Me imagino a Pablo Iglesias como ministro de Justicia, o de Hacienda, o de Trabajo y Seguridad Social, escarcuñando todas estas cosas, dando a la Justicia -con mayúscula ahora- los medios necesarios y… Quizá sea por eso -entre otras cosas, que podrían localizarse en cualquier ministerio- por lo que Pedro Sánchez no lo quiere en su gobierno.