Un indulto en fraude de ley

Para camuflar su ilicitud, el gobierno los disfraza como individuales, aunque los conceda a todos los presos del proces

La cuestión está arteramente desenfocada: no se trata de estar favor o en contra de los indultos, como se enreda estos días en prensa enfrentando a lo sentenciado, credos buenistas sobre una concordia selectiva o disparatando sobre la inverosímil utilidad que reportará no aplicar la ley a quien se burla de ella. Una conjura mediática que acaso no sea casual en tanto distrae la atención pública y soslaya que se aborde el meollo de la medida: su ilegalidad. Porque lo cierto es que el gobierno carece de legitimidad para disponer este indulto colectivo de los condenados, aunque lo disfrace para que parezca otra cosa, traspasando así una línea roja del Estado de Derecho, que sitúa al país en un escenario bananero, ya que la instrumentalización caprichosa de la ley siempre ha desaguado, y digo siempre, en el enfrentamiento dramático de unas pasiones desatadas contra otras. La cultura latina es imbatible en ejemplos históricos. De ahí el interés de enmarcar el debate, ante todo, como una cuestión de orden legal. Y en tal sentido, el fraude de ley de este indulto, medida discrecional pero no arbitraria, resulta tan obvio como inconcuso, salvo que se ofusque su revisión analítica, como suele ocurrir cuando de resolver filias y fobias se trata. Permitan una aclaración previa para facilitarles seguir el hilo de este órdago sanchista a la legalidad: existe fraude de ley cuando se opera amparado por una norma, llamada de cobertura, para lograr algo que se proscribe en otra norma del ordenamiento; lo que genera a veces cierta dificultad para detectar la trampa, ya que el hecho abusivo se adorna entre formalismos de la ley usada, aunque la finalidad buscada infrinja lo prohibido por otra norma vigente. En este caso, además de otras, la propia Constitución Española, cuyo artículo 62.i) prohíbe los indultos generales. Y para camuflar su ilicitud, el gobierno disfraza los indultos como individuales, aunque los conceda a todos los presos del proces, a la vez, pero de uno en uno. Un acto, pues, muy grave porque vulnera una norma de rango constitucional. Y cuando un poder Ejecutivo fuerza y retuerce el derecho al servicio de sus intereses so pretexto de que el caudillo interpreta la voluntad popular mejor que el legislador (Parlamento) y que los Tribunales, nos sitúa, de nuevo, en el umbral del decisionismo fascistoide de aquel caudillismo egotista que tanta sangre nos acarreó hace un siglo.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios