Comunicación (Im)pertinente

Francisco García Marcos

La inquietud de lo consabido

Estos últimos días se ha asistido a una demostración efectiva acerca de los límites del imperio de la ley

Las frases hechas y los lugares comunes me inquietan, por la carga de irreflexión que transportan. Cualquier exceso, pertinentemente recubierto como tópico, puede circular sin mayor inconveniente. El problema radica en que, a medida que se va comunicando de manera reiterada, se va difuminando su distancia crítica, hasta que el final los ciudadanos lo asumen como algo natural, justo por consabido.

Se ha repetido con reiteración que vivimos en un estado de derecho, regido por el imperio de la ley. Ello ha terminado suponiendo que el ejercicio del derecho garantiza equidad, objetividad y uniformidad universales. Sin embargo, silencia que ese mecanicismo legal no siempre es tan beneficioso. La ley, al igual que cualquier otra faceta de la vida social, también debería tener límites y rendir cuentas.

Estos últimos días se ha asistido a una demostración efectiva acerca de los límites del imperio de la ley. Una jueza de Lleida tuvo a bien suspender el confinamiento del Segrià dispuesto por la Generalitat. Su señoría se apoyaba en que Torra, supuestamente, carecía de esas atribuciones en el ordenamiento jurídico español. Consecuencia inmediata de ello, se paralizaron los confinamientos en la zona y se inició una batalla en los tribunales.

De inmediato, los científicos alertaron del grave peligro que suponía no intervenir con inmediatez y contundencia. Incluso lo cuantificaron: 24/48 horas podían ser determinantes para que se descontrolara irremediablemente la situación epidemiológica. No hablaban en el vacío, de hipótesis o suposiciones más o menos especulativas. Desafortunadamente, la experiencia de las consecuencia tremendas que podía acarrear la situación estaban demasiado próximas en el tiempo. Y en no demasiado tiempo terminaron por confirmarse las peores predicciones. El Segrià, Cataluña entera, han vuelto al peor escenario posible, ya con transmisión comunitaria. Naturalmente, esto hace plantearse si el aparato judicial puede tener un poder decisorio omnímodo sobre cualquier faceta de la vida social. Es obvio que, en un caso como este, de extrema gravedad colectiva, son los científicos y los sanitarios quienes deben marcar la pauta. Entre frenar una pandemia o preservar las esencias del imperio de la ley, lo más procedente es que prevalezca lo primero. No solo es una cuestión de racionalidad, sino también de prevalencia del interés común, al que han de someterse todos, jueces incluidos.

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