La semana pasada me referí al Ministerio de Transición Ecológica como "ministerio florero", de los que adornan los gobiernos, pero no sirven para nada. Sería una injusticia calificar del mismo modo al Ministerio de Igualdad, al que lo de florero se le queda pequeño. El chiringuito de Irene Montero no es un florero, es un jardín entero.

La primera vez que un gobierno incluyó un ministerio de igualdad, una ocurrencia de Zapatero, ingenuamente pensé que entre sus objetivos estaría conseguir un reparto de la riqueza más justo o garantizar la igualdad de oportunidades con independencia del barrio o la familia en el que se haya nacido. Equivocadamente, al oír hablar de igualdad, pensé que se iba a dar cumplimiento al artículo 129 de la Constitución, que dice que los poderes públicos "establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción". Podemos seguir esperando. Resulta que la igualdad para la izquierda posmoderna es que el mismo delito reciba una pena distinta en función de si el delincuente es hombre o mujer. Igualdad es que se reserven algunos empleos públicos solo a mujeres, o solo a transexuales. Igualdad es gastar nuestro dinero en acusar al color rosa de oprimir y reprimir a las niñas. Si no fuese por la intensa actividad propagandística del ministerio de Irene todo el mundo caería en la evidencia de que eso no es igualdad, sino lo contrario: discriminación en función del sexo. Y tontería, mucha tontería. Y los españoles no estamos para que se malgaste el dinero de nuestros impuestos en tonterías.

El próximo jardín en el que quiere meterse Irene es el de la Ley Trans, empeñada en llevarle la contraria a la naturaleza, la familia y a la protección infantil y juvenil, lo más sagrado en una sociedad con valores y principios, los que a esta -claro está- faltan. Una evidencia que se trata de ocultar con propaganda y, si esta no vale por si misma, con represión. Multas a todo el que no se someta a la igualdad de Irene. La Ley Trans, en todo caso, podrá ser una aberración, pero no será original. Un texto muy similar se mantiene vigente en Madrid desde 2016 por el impulso del PP, el acuerdo de Ciudadanos y las tragaderas de VOX, que tampoco en esto han utilizado su apoyo al gobierno autonómico para forzarle a derogarlo.