Félix Bolaños, ministro plenipotenciario y ministro para todo, ha aconsejado a los candidatos socialistas del 18 de mayo que utilicen en su provecho la mejora de la convivencia en Cataluña generada por las rebajas penales precipitadas por el Gobierno en beneficio de sediciosos pasados y futuros.

No puede estar más equivocado Bolaños. Primero, porque introducir con calzador el debate nacional en unas elecciones autonómicas y municipales es misión imposible y ruinosa. Todavía en los comicios territoriales la política nacional puede proyectar cierta influencia, pero la local depende infinitamente más de la personalidad y la fuerza del candidato a alcalde que de las aventuras de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. De hecho se sabe que los alcaldables se disponen a no hacer ningún caso a las sugerencias del ministro.

En segundo lugar, el rechazo ciudadano a la despenalización de los dos famosos delitos es notable en el caso de la sedición y espectacular en el caso de la malversación. Según la encuesta de Sigma Dos, el 78% de los españoles está en desacuerdo, incluyendo el 73% de los votantes socialistas (más refractarios que los votantes de Podemos). Las cifras denotan la sensibilidad especial de la sociedad con los asuntos de corrupción política y la opinión que le merecen los que meten la mano en la caja común, sin que se pare mucho a distinguir entre los que se llevan el dinero en metálico o cheque y quienes perpetran el saqueo para mantenerse o conquistar el poder, conservar sus cargos públicos y sus retribuciones correspondientes, hacer prosperar a su partido o promover el avance de su ideología.

Tercero, también se equivoca, y mucho, el ministro que manda más que las vicepresidentas al creer que el contenido del próximo debate preelectoral se puede imponer desde arriba. Que basta con que Pedro Sánchez diga que se acabó el ruido, que desde el 1 de enero hablemos de economía, para que la gente se olvide de lo que ha hecho. Porque él lo vale. Eso tampoco pasará. Por dos factores convergentes: porque las reformas penales aprobadas en el Congreso afectan a delitos particularmente graves que desafían la existencia misma de la democracia y porque es demasiado evidente que se han hecho para favorecer a unos delincuentes concretos que no por casualidad se encuentran entre los más denostados por los españoles.

Fueron ellos los que mejor sembraron un anticatalanismo que no cesa por decreto.