El juego de políticos y técnicos

Si los técnicos dictaminan que un proyecto es legalmente viable ¿tienen los políticos la obligción de asumirlo, aun cuando esté en contradicción con sus programas?

Recuerdo que, hace mucho tiempo, la secretaria de un alto funcionario me comentaba que dicho alto cargo, tras recibir una consulta, había elaborado dos informes, en principio iguamente válidos los dos, con conclusiones abiertamente contrapuestas. Tenía la duda de cuál de los dos enviaría como respuesta. Obviamente terminó enviando aquel que contaba con las preferencias del político de turno. Desde entonces me pregunto cuál es, y cuál debe ser, la relación entre esos dos grandes elementos de la administración: los funcionarios, que ocupan una posición estable, y los politicos, más al pairo de los vaivenes electorales. Se supone que esa relación deberá estar condicionada por la función que se le atribuya a cada uno. Es una tautología decir que los políticos dan soluciones "políticas", y los técnicos, soluciones "técnicas". Pero dicho así, no dice nada nuevo. Prefiero decir que las decisiones de los politicos se basan en valores, en cuestión de preferencias ideológicas, mientras que en el caso de los técnicos se trataría de poner los medios adecuados para llevar a la práctica, en su caso, las decisiones políticas; es decir, se trataría de verificar la viabilidad o inviabilidad de las propuestas políticas. La inviabilidad mostraía, entre otras cosas, la inadecuación de las propuestas al marco legal. Considero algo obvio que los técnicos tendrán la última palabra en caso de manifiesta ilegalidad de los proyectos o de las soluciones propuestas. Ahora bien, si los técnicos dictaminan que un proyecto es legalmente viable ¿tienen los políticos la obligación de asumirlo aun cuando esté en contradicción con sus programas? ¿Sería recurrible ante los tribunales la negativa del político a dar luz verde a ese proyecto? ¿Tiene un político que aprobar dentro de su mandato todo proyecto que no contravenga las leyes? Y si fuera así ¿en qué quedaría la función de los políticos? Es claro que estarían de más si tuvieran que dar el placet a todo lo legalmente admisible estarían y solo serían una fuente de gastos innecesarios. Pero pienso que no es así. Por ejemplo, puede ser legal el despido libre y también la protección de los puestos de trabajo. El político tiene el derecho y la obligación de escoger entre estos dos, o un tercero. Y descendiendo a otro nivel, supongamos que el proyecto del hotel de Genoveses cumple todo los requisitos legales ¿es obligatorio dar luz verde al proyecto?

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