Sin tiempo para leer un par de renglones, como si estuvieran esperando impacientes que saliera la sentencia condenatoria para implicar a Pedro Sánchez en el caso, así lo han soltado los dirigentes del PP: "Como Pedro Sánchez interpuso la moción de censura al gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy cuando se produjo la sentencia de la Gütel, por coherencia debería de dimitir a la vista de la sentencia de los ERE". Sin quitarle un ápice de gravedad a los casos de corrupción que se han producido en ambos partidos, hay dos matices que establecen diferencias sustanciales a la hora de exigir responsabilidades que impliquen la caída del gobierno y la dimisión de la persona que lo preside. En cuanto al gobierno del PP es el propio partido, como persona jurídica, quien resultó condenado como beneficiario del "sistema de corrupción institucional", según aparece escrito en la sentencia de la Gürtel. Por el contrario el PSOE no figura como responsable en ninguno de los 1.800 folios que contiene la sentencia del caso ERE. En cuanto a la persona que lo preside, Mariano Rajoy fue el director de las campañas que se financiaron con los fondos de la Gürtel y en los papales de Bárcena aparece un tal M. Rajoy. Pedro Sánchez, en la etapa de los ERE, era un simple concejal del Ayuntamiento de Madrid sin contacto alguno con los responsables del PSOE andaluz. No son hechos comparables. Dicho esto no puedo evitar referirme a la sentencia sobre la que ya han opinado voces autorizadas cuestionando su contenido. Sin entrar en mayores análisis jurídicos, comparto los criterios que discrepan con la sentencia argumentando, entre otras cosas, que los únicos culpables son los que infringieron una ley aprobada por el Parlamento Andaluz y no Manuel Cháves, José Antonio Griñán y los demás miembros del Gobierno que participaron en la elaboración del proyecto. Un proyecto de ley no es una resolución definitiva y es absurdo argumentar que se hace con intención de facilitar el fraude a la ley que resulte aprobada en el parlamento. Esto lo digo con conocimiento de causa ya que por aquellos tiempos ocupaba el puesto de Jefe del Servicio de Administración Laboral, rodeado de un equipo de funcionarios ejemplares y siendo delegado de Trabajo Blas Díaz, y puedo dar testimonio de que, en la provincia de Almería, no se produjo ninguna irregularidad en los expedientes de regulación de empleo que se tramitaron en mi servicio cumpliendo la ley a rajatabla.