Al fin disponemos del informe elaborado por técnicos de la Junta de Andalucía sobre la posibilidad de aumentar el número de bastidores en funcionamiento de la planta desaladora ubicada en nuestro término municipal. El problema no es baladí: necesitamos encontrar una fuente de agua de calidad duradera en el tiempo y que sea lo más respetuosa posible con el medio ambiente. Hasta ahora hemos obtenido el agua de los Pozos de Bernal, un acuífero en el Poniente, pagando por ello una cuota anual que ronda los 1,8 millones de euros. ¿Qué sucede? Dicho acuífero está sobreexplotado, adquiriendo el agua extraída niveles de insalubridad. Por tanto, parece obvio que algo debemos hacer. Hace unos años se realizó una inversión millonaria en la planta desaladora referida al inicio, que ha funcionado por medio de pozos ubicados en la zona costera al 30% de su capacidad. A priori, lo lógico sería aumentar dicha capacidad de funcionamiento. ¿Cuál es el problema? Los regantes de la zona donde se encuentra la planta sostienen que parte del agua que se extrae proviene del acuífero del Bajo Andarax y que un aumento de las extracciones provocará el agotamiento de ese acuífero y su ruina.

¿Es posible la instalación de un conducto que permita a la desaladora extraer agua mar adentro? Creo, según técnicos competentes, que no es compatible ese formato de captación con los sistemas diseñados ex profeso para extraer agua de la zona costera. ¿Existe la posibilidad de esperar a que se obtenga alguna subvención para la instalación de otra planta desaladora o a retomar el Plan Hidrológico Nacional? Ambas alternativas escapan a nuestras competencias, luego no parece razonable que un tema vital como el agua debamos confiarlo a posibles ayudas o futuribles no garantizados. La gran pregunta es: ¿Existe posibilidad de extraer de la planta desaladora salvaguardando los intereses de los agricultores? Sí. Tal y como este concejal solicitó en el pleno del agua celebrado al efecto, es imprescindible realizar un seguimiento una vez se aumente el número de bastidores de la planta. En la misma línea se ha pronunciado la Junta de Andalucía, apuntando a la necesidad de monitorizar la actividad del acuífero. A pesar de ello se ha orquestado una campaña política e interesada cuando, primero, el sobrecoste de esta actuación no se repercute total y directamente en los recibos del agua hasta unos años; segundo, buena parte se sufragará con los 1,8 millones que año a año tirábamos a la basura; tercero, la cuarta parte de la subida de coste se corresponde con motivos ajenos a la desaladora (IPC por ejemplo); cuarto, la sostenibilidad ambiental y sus políticas cuestan dinero, no nos engañemos. Por tanto, seamos serios y tratemos de hacer política mirando hacia el futuro.