Que pena que la COVID-19 nos haya encontrado siendo un país envejecido y con la natalidad en mínimos. Un país con un desempleo estructural insoportable, y donde el 71% de sus jóvenes trabajan bajo contratos temporales y más del 20% de la población está en riesgo de pobreza. U país con una deuda pública que supera el 95% de su PIB y con un sector industrial prácticamente residual. U país de crecientes desigualdades sociales e importantes diferencias económicas y demográficas entre sus regiones; un país a la cola en gasto en I+D, que sigue dependiendo, enormemente, de los combustibles fósiles y donde la labor de afrontar cuestiones cruciales para nuestro futuro que la crisis de 2009 puso sobre la mesa, como la necesidad de impulsar la industria y crear un mercado laboral dinámico, no precarizado, conciliador y atractivo para los empresarios o la adaptación del sistema de pensiones a la realidad social y económica de hoy, ha sido pospuesta legislatura tras legislatura. Que pena que la COVID-19 esté paralizando, por completo, sectores de negocio, llenando de incertidumbre las economías mundiales, arrastrando a los mercados bursátiles a una volatilidad extrema, obligando a los Gobiernos a rescatar a grandes empleadores, como las aerolíneas Alitalia y Lufthansa, destruyendo empleo sin piedad y, en el caso de nuestro país, haciendo que una figura de contención de desempleo absolutamente excepcional, como es el ERTE, se convierta en la supervivencia de casi dos millones de trabajadores, y provocando previsiones demoledoras (un ejemplo: el FMI ha sustituido su previsión del 3,3% de crecimiento para la economía mundial en el año 2020 por una que pronostica «la mayor recesión de la economía mundial desde la Gran Depresión»). Que pena que, para añadir incertidumbre, aparezca un conflicto de soberanía en la UE relacionado con un instrumento de financiación absolutamente esencial en estos momentos; el Tribunal Constitucional alemán se acaba de pronunciar sobre el sistema de compra de deuda pública del BCE y lo ha hecho reprobando, no el sistema en sí, sino el alcance con el que ha sido utilizado por esta institución. Así, ahora tenemos un BCE requerido por el Tribunal Constitucional del principal miembro de la UE para que, en el plazo de 3 meses, justifique que su política monetaria es "proporcional en sus efectos económicos y fiscales" sobre los países de la eurozona o, de lo contrario, el Banco Central de Alemania deberá abstenerse de participar en la compra. Y que pena que, mientras el complejo y duro futuro que sugiere todo lo anterior ya está aterrizando, nuestra vida parlamentaria utilice lo pasado y lo presente, no para aprender de los errores y ponernos en la mejor posición para recibirlo, sino, una vez más, para destruir al contrario. Si llegamos tarde a ese futuro, para muchos, será demasiado tarde.