El guión es el siguiente: Un órgano nacional fiscalizador reclama a unos señores y a unas señoras dinero, o bienes, para asegurar el cobro de un eventual resultado condenatorio en un proceso en el que se va a debatir si esos señores y señoras han perjudicado a una Administración Pública regional derivando dinero público, que esa Administración tenía en sus arcas, a fines indebidos. Pero esos señores y esas señoras, como cualquier otra persona, preferiría no ver comprometido su propio patrimonio y, para ayudarles a que tal cosa no les ocurra, es la propia Administración Pública regional presuntamente perjudicada la que sale en su rescate concediéndoles un aval con dinero público para que, efectivamente, su patrimonio quede intacto y sus bienes no se vean embargados.

Cualquiera diría que se trata de una película de ciencia ficción; dinero público para recuperar dinero público. Pero no, es muy real, tanto que en este país, ahora mismo, tenemos, por un lado, a los señores y a las señoras del procés y, por otro, al resto de pobres mortales a los que recibir una carta certificada de una administración nos hiela la sangre. Y, es que, aún cuando lo jurídico lo permita, menudo es el mensaje que se envía a una ciudadanía golpeada por dos crisis económicas en apenas una década y hastiada por una pandemia que ya poca duda cabe de que nos va a acompañar durante todo el 2021. Solo por humanidad o, por lo menos, por simple vergüenza torera, esta idea jamás debía de haber salido de la boca de ningún gestor de lo público, pero salió y ahora es el Tribunal de Cuentas el que tiene que estudiar si acepta el aval del Instituto Catalán de Finanzas, un organismo de crédito dependiente de la Generalitat, a 29 de los 34 líderes del procés, a los que reclama un total de 5,4 millones de euros, y su decisión podrá ser recurrida tanto por quienes se han personado como acción popular, como por los propios encausados. Hay que decir que los otros cuatro encausados no han recurrido al aval de la Generalitat sino que, bien han depositado sus propias fianzas, bien han señalado bienes inmuebles propios como aval personal. La verdad es que hay cosas que cuesta demasiado entenderlas y esta es una de ellas, por mucho que el argumento que la quiere sustentar sea que la Generalitat no se ha personado en este proceso como parte perjudicada porque no se considera tal al entender que los gastos que se están fiscalizando responden a actos de ejecución de sus competencias y, por tanto, realizables. En fin, tan sobrado todo como el criticado mensaje de agradecimiento del cuestionado, por sus declaraciones fiscales y condiciones laborales, dueño de Amazon, al volver de su visita al espacio en su propio cohete: "También quiero agradecer a todos los empleados de Amazon y a todos los clientes de Amazon porque ustedes han pagado todo esto". Que grande.