El Ayuntamiento de Almería está trabajando junto a otros 30 ayuntamientos de diferente signo político de toda España para intentar frenar lo que consideramos como una imposición tan injusta como dañina por parte del Gobierno de Pedro Sánchez: la incautación del superávit municipal. Esto quiere decir que en plena crisis social y económica por la pandemia, el Gobierno va a quitarnos los ahorros que han generado la responsabilidad de los contribuyentes y la buena gestión municipal. Un total de treinta millones de euros que entiendo que en todo momento, pero especialmente en este tan delicado, deben estar a disposición del Ayuntamiento para ayudar a tantos almerienses que lo van a necesitar. En estos momentos el Gobierno no puede arrebatarnos nuestros ahorros sin sentarse a negociar esa decisión. Y esto no es una cuestión de sesgo político o ideológico. Por eso, un grupo de 30 alcaldes y alcaldesas, de hasta 8 partidos diferentes, hemos suscrito un manifiesto en el que exigimos al Gobierno que se siente a negociar el uso del superávit municipal, porque ayudar a la gente es más importante que cualquier ideología. Por eso estamos pidiendo al Gobierno algo tan sencillo como que nos escuche. Que se siente a hablar con el municipalismo y que podamos alcanzar un acuerdo beneficioso para todos. Lamentablemente no hemos obtenido respuesta. Lo único que tenemos es una imposición de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha sido pactada con una minoría de la Federación Española de Municipios y Provincias y que va a suponer algo muy grave: la incautación de todos los ahorros de los ayuntamientos y la devolución de una pequeña parte exclusivamente a los ayuntamientos que podamos aportar esos fondos, mientras que los ayuntamientos en peor situación financiera se quedarán sin ningún tipo de ayuda. El resto dicen que lo devolverán en los próximos diez años, pero que sólo podremos gastarlo en aquello que el Gobierno nos permita. ¿Se dan cuenta del enorme daño que puede hacer esta medida a los almerienses? Creo que cuando tantas personas tan diferentes se unen en contra de un proyecto, la prudencia y el sentido común obligan al promotor de ese proyecto a que se replantee su propuesta, o que al menos se siente a hablar con los que no le apoyan. El deber del ayuntamiento en estos momentos es estar al lado de los almerienses que más lo necesitan, pero si nos privan de nuestros ahorros esa actuación será imposible