E N modo alguno pretendo parafrasear a Ortega, pero las acciones emprendidas por algún partido de la oposición no dejan de ser una reacción parecida a una rebelión. No soy jurista y no voy a decir que sea un fraude de ley esa estrategia, propia de pillines, de adelantar las fechas de la solicitud de plazas antes de que entre en vigor la nueva ley de educación. Pero sí me atrevo a decir que muestra una carencia de espíritu democrático cuando menos preocupante. Más aún cuando se jactan de poner en práctica esa triquiñuela. A fin de cuentas ¿cuál es el entuerto que tratan de desfacer? Aparentemente defienden el "derecho de los padres a elegir el colegio que quieren para sus hijos". Pero ¿es que la ley prohibe a alguien solicitar el colegio que quiera? No lo he leído por ninguna parte. Ahora bien, lo que la ley no garantiza en modo alguno es que los padres tengan derecho a obtener una plaza en el centro, público o privado, que quieran. Entonces, si las plazas en todos los centros son limitadas y en principio todos los alumnos tienen derecho a obtener una plaza en cualquiera de ellos, nos encontramos con una situación en la que puede haber un conflicto entre los derechos de dos o más personas, por lo que hay que regular la resolución del conflicto. Lo que hace la ley es fijar una serie de prioridades a la hora de adjudicar las plazas, a la vez que instituye comisiones de escolarización para evitar discrecionalidad o, peor aún, favoritismos, a la hora de admitir a los alumnos en un determinado centro. No son nada nuevo estas comisiones, al menos en los centros públicos, en las que se analizaban con rigor las solicitudes, se aplicaban los baremos y, en caso de superar las solicitudes a las plazas existentes determinaban quiénes y por qué debían acudir a otro centro. La gresca actual está más bien motivada por el deseo de los centros concertados de sustraerse al control público al que estarán obligados en tanto en cuanto están sostenidos con fondos públicos. Pero en ausencia de tal control ¿cómo podrían asegurar los críticos de la ley que TODOS los padres van a obtener el centro que desean? ¿A quién reclamarán los padres cuyos hijos no puedan asistir al colegio o al instituto de sus "anhelos"? Y ¿quiénes serían los excluidos? Dicho de otro modo ¿a quién prestarán mayor consideración? Ahí dejo las preguntas. Y me alegra decir que la Junta de Andalucía muestra sensatez al rechazar seguir las indicaciones de Casado.