Estamos viviendo una situación preocupante para quienes apostamos por la democracia que, supongo, somos la gran mayoría de españoles. No voy a referirme al contenido de las leyes que se someten al Congreso de los Diputados, sobre las cuales se puede estar a favor o en contra y todos los parlamentarios tienen derecho a votar lo que estimen. Y leyes que sean aprobadas por una mayoría, pueden ser derogadas en el supuesto de que, aquellos que se opusieron en su día, consigan la mayoría en posteriores legislaturas. El problema empieza cuando no se reconoce la mayoría parlamentaria y se considera que el Gobierno elegido democráticamente es ilegítimo. Hoy nuestra cámara está compuesta por una pluralidad de grupos parlamentarios que responden a diversas sensibilidades, pero todos gozan de legitimidad desde el momento que cumplen con los requisitos que requiere el ordenamiento jurídico. El voto es libre para elegir a la persona que presida el gobierno que, a su vez, tiene potestad para elegir a su equipo. Lo dicho es tan elemental que sería absurdo exponerlo si no fuera para rebatir las declaraciones de aquellos que, desde el día siguiente de ser nombrado Pedro Sánchez presidente del Gobierno por mayoría parlamentaria, consideran que dicho nombramiento y el gobierno que compuso son ilegítimos. Una ilegitimidad que se ha estado denunciando con acalorado vocerío por una derecha que no se resigna a estar en la oposición, cada vez que se ha aprobado una ley con el apoyo de determinados grupos, pero sin base legal para demostrar dicha ilegitimidad. La semana pasada esa derecha ha dado un paso más poniendo en cuestión la potestad legislativa del Congreso de los Diputados interponiendo un recurso de amparo ante el T.C. contra una proposición de ley antes de que fuese sometida a votación. Independientemente de la resolución que pudiese dictar el T.C. que, al menos, tuvo la cautela de aplazar la reunión, la iniciativa del PP es inaudita pero peligrosa. Inaudita porque no tiene sentido impugnar una ley antes de haber sido sometida a votación. Lo correcto, si se considera que no se ajusta a derecho, sería interponer un recurso de inconstitucionalidad una vez que hubiese sido aprobada. Peligrosa porque no se trata de un ataque a Pedro Sánchez, sino al sistema. Si el T.C. les diese la razón crearía jurisprudencia, atribuyéndose facultades, a requerimiento de un partido, para impedir que el Parlamento ejerza su función legislativa.