Con el sistema de recursos en la Administración de Justicia se reconoce que un juez pueda dictar una sentencia equivocada. Un fallo humano lo tiene cualquiera y en el ejercicio del derecho, donde la interpretación de la ley tiene una carga subjetiva, es una garantía que las causas se revisen en instancias superiores. Que un juez dicte una sentencia que posteriormente resulte revocada, entra dentro del procedimiento normal de administrar justicia y pocos habrá que a lo largo de su carrera no hayan dictado una resolución invalidada. Pero eso es una cosa y otra que se dicten resoluciones a mogollón basadas en simples juicios de intenciones, se impongan fianzas descabelladas a la primera de cambio y se dicten autos que impliquen encarcelamientos a personas que no ofrecen ningún peligro. En Andalucía hemos soportado a una jueza que nos ofrecía una presencia folletinesca más próxima a la novelería casposa que al ejercicio de su profesión. La jueza Alaya nos sorprendía cada jornada luciendo un nuevo modelito camino del juzgado tirando de un carrito donde se supone acumulaba los expedientes producto de su cacería. Y permanecíamos expectantes a la espera de quien sería su última presa. Con que cruzaras el umbral de la puerta de una delegación de la administración andaluza, corrías el riesgo de que esta jueza te echara el lazo y te imputara en una causa. Ahora estamos viendo como se está desmantelando una operación que, en apariencia, responde más a una supuesta trama contra quienes han ocupado cargos en la Junta de Andalucía, que a impartir justicia. Conforme se están revisando los expedientes, unas veces por parte de la Audiencia y otras por una nueva jueza, se están archivando causas que para muchas personas decentes han supuesto una pesadilla durante años. No hay día que no nos sorprenda la noticia del archivo de una causa. Pero la cosa queda ahí, el daño ya está hecho y es difícil resarcir a los afectados, la mayoría de ellos empleados públicos cuyo comportamiento ha sido correcto, del sufrimiento que han soportado ellos y su familia. En cualquier otro oficio tantos errores acumulados, suponiendo que se trate de errores y no de decisiones malintencionadas, darían lugar a la destitución del personaje. Pero esta jueza que no ha dado pie con bola en la mayoría de los casos que han pasado por su despacho y que tanto daño ha causado, ¿no es un peligro público que permanezca en su puesto? ¿No hay motivo para destituirla?