Si algo ha quedado claro es el efecto que produce la vacuna para combatir la epidemia que estamos padeciendo. El primer éxito científico fue su pronto descubrimiento que, según los augurios que se pronunciaban al respecto, tardaría en producirse tres o cuatro años. Desde que se empezó a vacunar en las residencias de mayores su eficacia se hizo patente, disminuyeron los contagios, el ingreso de enfermos por coronavirus disminuyó sensiblemente y, sobre todo, se le puso freno a una mortandad amenazante. Ello no obstante hay quienes todavía no creen que la vacuna sea el remedio para evitar los contagios y se niegan a ser vacunados. Cada vez que tenemos noticas sobre el número de enfermos que permanecen hospitalizados por el coronavirus, un porcentaje muy elevado corresponde a individuos sin vacunar. Se trata por tanto de personas que no se consideran obligadas a vacunarse, pero sí con el derecho a ser atendidas en un hospital público y a colapsar las unidades de cuidados intensivos, si se diera el caso. Nos resta por saber si antes de ser hospitalizados fueron transmisores de la enfermedad contagiando al vecino. No son muchos, pero sí suficientes como para que se haya abierto un debate sobre la obligatoriedad de la vacuna. Si un individuo se niega a vacunarse es evidente que no cabe la posibilidad de inyectarle una vacuna sin su consentimiento, que solo sería posible con el uso de la fuerza. Pero hay que tener en cuenta que una persona sin vacunar es un peligro para la salud pública desde el momento que es propenso a contraer una enfermedad en extremo contagiosa. Por lo dicho, una cosa es imponer la vacunación forzosa a toda la población, y otra exigir un certificado del centro de salud para el desempeño de ciertas funciones. Hasta ahora no se exige ni siquiera para los trabajadores de las residencias de ancianos, al parecer, porque no hay una ley que lo establezca. Y yo me pregunto ¿hace falta una ley? Que yo sepa cada vez que aparece una convocatoria para desempeñar un trabajo, aparecen unos requisitos que el convocante pone, según le parece, en función de las características del puesto, sin que intervenga ninguna ley. Hay profesiones para las que se exige determinadas condiciones físicas. Con la pandemia, velar por la salud es la primera condición que se debería de tener en cuenta a la hora de contratar a un trabajador que permanezca en contacto con otras personas, exigiendo como primer requisito estar vacunado.