En un claro guiño a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con la vista puesta en las elecciones del 2-D, el Gobierno celebró ayer el Consejo de Ministros en Sevilla. Pero para sortear la ley electoral y evitar en lo posible las críticas a los acuerdos adoptados, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez prohibió por la vía de urgencia el uso de las embarcaciones conocidas como narcolanchas, que se emplean para el tráfico de hachís en el Estrecho, apelando a que también se usan para el tráfico de personas, lo que justifica la premura. Lo cierto es que tanto la Guardia Civil como el Servicio de Vigilancia Aduanera, esperaban, desde tiempo inmemorial, esta noticia para poder acentuar la lucha contra los narcos, adoptando una normativa que sigue los pasos dados hace años por Gibraltar.

Si esta medida no se aplicó antes es porque nuestra Justicia es garantista y había que atar todos los cabos para no perjudicar en lo posible a sectores como el deportivo o el de los fabricantes de estas embarcaciones y sus motores. Pero lo que nadie puede discutir es que la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, agravada con el problema de la inmigración, están por encima de cualquier otro interés. La sensación de impunidad es de tal magnitud en el Campo de Gibraltar, como ha denunciado la Fiscalía, que ha llevado a los traficantes de droga a diversificar su red de negocio trayendo marroquíes en sus lanchas planeadoras cobrando entre 2.000 y 6.000 euros por cruzar las aguas del Estrecho.

El Ejecutivo también apeló ayer a la excepcionalidad para anunciar la partida de 40 millones de euros a fin de que las comunidades autónomas puedan atender a los menores inmigrantes no acompañados (MENA) que llegan a nuestras costas. Como es sabido, su atención es competencia autonómica, pero el Gobierno ha dejado patente que es necesaria una ayuda extra. Para Andalucía serán 25,5 millones, aunque el reparto sigue sin ser equitativo a tenor de que los menores se quedan donde son detectados y el 90% de ellos son interceptados en nuestras costas.

Como cabía esperar, el Ejecutivo también informó de que ya ha iniciado el trámite para la declaración de emergencia en las zonas andaluzas afectadas por las inundaciones, que no se pueden olvidar ni por un segundo, así como sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional -"por sentido de Estado"- de la resolución del Parlament de Cataluña en la que se reprobó al Rey. El Consejo de Estado, en este caso, no comparte esta decisión, pero lo que no podía hacer el Gobierno de Sánchez es permanecer de brazos cruzados después de este nuevo ataque a la Corona por parte de los socios que lo mantienen en La Moncloa.