Educación: más confusión que certezas

Las contradicciones entre la Junta y el Gobierno sobre el fin del curso escolar sólo añaden aún más confusión a las familias

Las familias andaluzas asistieron ayer a una cierta confusión sobre las condiciones en las que se va a desarrollar el final del curso escolar, cuya normalidad ha sido traumáticamente interrumpida por la pandemia del coronavirus. Por una parte, el Gobierno anunció que había llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas (que en su mayoría son las que tienen las competencias en la materia) para garantizar que todos los alumnos españoles de Primaria, ESO y primero de Bachillerato pasen de curso, aunque serán evaluados según su rendimiento durante los dos primeros trimestres del curso, en los que las clases fueron presenciales. Sin embargo, por otra parte, la Consejería del ramo de la Junta de Andalucía se desmarcó de dicho criterio y aseguró que sí habrá evaluación del tercer trimestre, aunque ésta se adaptará a las circunstancias personales de cada alumno para evitar que los menores pertenecientes a entornos vulnerables salgan perjudicados.

Evidentemente, estamos ante dos criterios diferentes que vuelven a evidenciar la falta de unidad de acción entre las administraciones central y autonómica durante la crisis del coronavirus, algo que sobre todo perjudica a unos ciudadanos que no saben muy bien a qué atenerse. Vayamos por partes. Lo lógico y funcional sería que el criterio adoptado alcance al conjunto de España, por lo que sería deseable un mayor acuerdo en este sentido. Sin embargo, tiene razón la Junta cuando se resiste a que el tercer trimestre se convierta en un mero trámite sin ningún tipo de evaluación. Eso sí, la Junta debe tener en cuenta que no se puede exigir lo mismo a un alumno que ha disfrutado de un curso normal y sin incidencias que a otro que se ha tenido que adaptar sobre la marcha a un sistema telemático improvisado que ni los propios profesores han sabido muy bien cómo enfocar. Y eso sin tener en cuenta a aquellos estudiantes que, por cuestiones socioeconómicas, sufren la brecha digital.

Más allá de estas disquisiciones, lo que parece claro es que, a día de hoy, las familias andaluzas no tienen muy claro cuáles van a ser los criterios que se van a seguir a la hora de evaluar a sus hijos. Esto puede tener disculpa si comprendemos que estamos en unas situación inédita y excepcional que obliga a improvisar gran parte de las respuestas. Sin embargo, harían bien las administraciones en no añadir aún más confusión. Cuando tengan el sistema que se vaya a aplicar plenamente madurado, que lo expliquen detalladamente a los centros y familias, y lo pongan en marcha.

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