Con la celebración mañana del Día de la Constitución volveremos a escuchar a políticos y analistas en general hablar de la necesidad de reformar nuestra Carta Magna, aprobada en referéndum por el pueblo español hace ahora 38 años. En general, desde el inicio de la crisis económica, la irrupción de los nuevos partidos políticos y el desafío soberanista catalán son muchas las voces que piden revisar un texto que tiene ya casi cuatro décadas de vida y que fue concebido en unas circunstancias políticas y sociales muy distintas a las actuales. Pero entre estas voces habría que distinguir a dos grupos claramente diferenciados: los que tras sus supuestas ansias reformistas apenas esconden su intención de dinamitar el actual sistema democrático para sustituirlo por otro radicalmente nuevo, posición en la que se encuentran claramente Podemos e IU; y los que sí creen que es necesario hacer algunos retoques al texto constitucional para ajustarlo a los nuevos tiempos, posición especialmente defendida por PP, PSOE y Ciudadanos. Otras formaciones, como Bildu, ERC o el Partit Demòcrata Català (formado con los restos del naufragio de CiU) simplemente quieren romper la Constitución como una forma de avanzar en sus pretensiones independentistas.

Ahora bien, ¿están de acuerdo los partidos constitucionalistas en qué es lo que hay que reformar de la Constitución? Probablemente sí en algunas cuestiones que ahora mismo no son urgentes por las circunstancias concretas, como es la eliminación de la preminencia de los varones sobre las hembras en la sucesión de la Corona; pero probablemente no en cuestiones de gran calado que cada vez son más urgentes, como es la reforma del modelo territorial español. Es en este asunto donde los partidos constitucionalistas tendrán que hacer los máximos esfuerzos negociadores -si es que finalmente se decide reformar la Constitución- e intentar atraer a los sectores más moderados del nacionalismo vasco y catalán.

Sin embargo, hay que evitar en todo momento lo que algunos juristas, como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, han calificado como magia constitucional. Es decir, la creencia de que los problemas políticos se arreglan con la simple formulación de nuevas leyes y normativas. En este sentido, todos tendremos que recordar que será la praxis política diaria -apoyada si es posible en leyes actualizadas y útiles- de la que dependerá en gran medida que se solucionen los principales problemas del país. La reforma de la Constitución no es un bálsamo de Fierabrás con el que se puede arreglar la falta de inteligencia política.

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